Economía, trabajo y producción

Trabajadores privados no registrados y trabajadores públicos precarios.

El presente trabajo presenta los avances de un proyecto de investigación en curso “Trabajadores privados no registrados y trabajadores públicos precarios: dos caras de la “inclusión” en la explotación laboral. Mendoza 2003/2013" (SECTyP–UNCuyo). El mismo da continuidad a la línea de investigación iniciada en un estudio anterior denominado “Estrategias de desarrollo y políticas sociales para una redistribución de ingresos en el marco de un modelo concentrador de la riqueza” (SECTyP–UNCuyo).

Teniendo en cuenta que las políticas de empleo son un pilar fundamental para definir el modelo de acumulación, se busca profundizar en las características particulares del trabajo no registrado en el sector privado y del trabajo precario en el sector público en la Provincia de Mendoza.

Los objetivos específicos se orientan a estimar la dimensión y composición cualitativa del trabajo no registrado en el sector privado y de la precariedad laboral en el sector público, caracterizando sus principales modalidades. La investigación despliega un abordaje teórico y un trabajo de campo. La metodología utiliza estrategias tanto cuantitativas y cualitativas.

Una aproximación cualitativa a las nuevas formas laborales precarias

Altos niveles de pobreza, indigencia y desempleo fue el saldo de tres décadas de un modelo de acumulación cimentado en los principios de apertura económica y valorización financiera, el cual vio su fin en la crisis orgánica y la rebelión de 2001. En contrapartida, el modelo de acumulación naciente se mostró virtuoso, promoviendo una notable mejora en las condiciones de vida de los sectores populares y la distribución secundaria del ingreso. Concluido el primer lustro de crecimiento económico ininterrumpido, el modelo manifestó sus límites: no solo no ha propiciado cambios importantes en términos de la estructura de clases sino que tampoco lo ha hecho en relación a la proporción de riqueza social de la cual éstas disponen; se percibe aun la presencia de una elevada concentración y extranjerización económicas en la estructura productiva nacional, atada a la inversión extranjera y con orientación hacia el extractivismo primario neo desarrollista.

Al observar la estructura de la PEA, se constata la subsistencia de un serio déficit de trabajo decente en una amplia franja de la misma que padece desocupación abierta y oculta (inactivos desalentados), subempleo demandante, trabajo asalariado no registrado, trabajo registrado pero precario, trabajo asalariado disimulado como autónomo, informalidad, tercerización y diversas formas de flexibilización laboral.

Muchas de estas formas ajenas al trabajo “decente” no son abordables desde la información cuantitativa de la que disponemos, ya que su novedad y complejidad no son puestas al descubierto con la tradicional Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Por esta razón pretendemos realizar una aproximación empírica no solo cuantitativa sino también cualitativa sobre el universo de trabajadores de la provincia de Mendoza (dependientes, autónomos, formales, informales, etc.) cuyo rasgo común es la de escapar a las condiciones de un trabajo digno y decente.

En nuestra investigación (Cortese et. al., 2013) avanzamos en identificar las causas de las falencias del Estado en la disminución del trabajo no registrado en el sector privado; coherentes con la promoción de formas de contratación legales, pero absolutamente precarias e inestables, en el sector público.

En base a entrevistas semiestructuradas, y con la intención de dar cuenta de las diferentes modalidades asumidas por la precarización, se elaboraron distintas categorías que pretenden reflejar los casos típicos ideales y extremos de “trabajo decente” y “trabajo en negro”, pasando por una serie de situaciones de transición bastante disímiles en el campo empírico, pero que intentamos delimitar: 

• Trabajo decente ideal: trabajador registrado del sector privado formal (industria, comercio, etc.) y del sector público (docente, profesional, jerárquico).
• Trabajo Decente pero con inserción en sectores de baja productividad con escasos ingresos.
• Trabajadores no registrados típicos (clásicos trabajadores en negro) del sector privado: servicio doméstico, construcción, comercio.
• Trabajadores registrados del sector privado con contratos temporales/a término: comercio, gastronomía, servicios, agroindustria, construcción.
• Trabajadores registrados precarios/temporales del sector público: contratados, interinatos, suplencias, etc.
• Trabajadores del sector público bajo nuevas modalidades “grises”, entre las que se encuentran: talleristas, prestaciones, becas, pasantías, etc. (muchos bajo programas).
• Trabajadores duales registrados/precarios: públicos con un cargo registrado y un complemento (docentes/salud); privados con una parte jornada registrada y un complemento en negro.
• Trabajadores tercerizados públicos y privados (generalmente empresas privadas que prestan servicios contratadas por el Estado u otras privadas).
• Trabajadores con relación de dependencia oculta en el cuentapropismo: profesionales que facturan al sector público o privado (monotributistas).
• Trabajadores autónomos formales o informales (en especial de oficio o de subsistencia) que oscilan entre la dependencia y el cuentapropismo.
• Categoría residual: Trabajadores inactivos involuntarios, desocupados intermitentes, etc.

A partir de una primera aproximación de las características que asume la situación laboral de las personas entrevistadas, destacamos una gran diversidad de circunstancias de precariedad laboral, como rasgo principal que atraviesa tanto a los sectores formales e informales, pero que se acentúa en mayor medida y de diferentes maneras en este último.

En primer lugar se presenta la pluriactividad, como característica recurrente de los informantes insertos en diversos sectores de la economía. Esta situación puede resultar de una combinación de diversos trabajos no registrados y de carácter precario, como también de una combinación de un trabajo registrado (estrategia para poder tener acceso a beneficios laborales: obra social, aportes jubilatorios) con trabajos temporales y no registrados (Ej. changas). Otro elemento que suele acompañar a esta situación es la sobreocupación o, a la inversa, la subocupación; la primera relacionada con la consecución de mayores ingresos, y la segunda para evitar la sobrecarga de más de un empleo sin beneficios que la compensen.

En segundo lugar, podemos mencionar las diversas maneras en las que se ven vulnerados los trabajadores respecto a la calidad remunerativa en sus empleos; principalmente en los sectores de baja productividad como el servicio doméstico, restaurantes o construcción, en estos casos se destaca con mayor frecuencia los reducidos salarios.

Cuadro. Porcentaje de registración y media salarial por rama de producción. Ocupados asalariados del Gran Mendoza – 2° trimestre de 2012.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH del 2º cuatrimestre del 2012.

En el mismo sentido la calidad remunerativa se ve afectada en los trabajadores que prestan servicios en el sector público (íntimamente relacionado con nuevas modalidades de contratos), presentándose casos de pagos fuera de término (con algunos ejemplos muy groseros de meses sin poder cobrar), pagos en la medida que culminen los proyectos (por productividad), pagos por partidas presupuestarias extraordinarias, o pagos dependientes de organismos ajenos a las entidades que los contratan de manera directa; estas formas de precariedad afectan por lo general a profesionales de diversos ámbitos.

Las diferentes formas legales/precarias (“grises”) en las que recaen y dependen los pagos de los trabajadores públicos entrevistados, responden a una multiplicidad de modalidades de contratación precarias fomentadas por el Estado: becas de pre–capacitación, becas pre–profesionales, becas de prestación de servicios, contratos de locación, pasantías, talleristas, trabajadores bajo la figura de “convenio”, etc. Como si fuera poco, estos trabajadores en la mayoría de los casos figuran como “independientes” o cuentapropistas, cuando en lo concreto se encubre una relación de dependencia; esta situación se observa también en el sector privado de la economía.

Respecto a las modalidades de contrato precarios en el sector privado, encontramos  contratos por tiempo determinado, inestables, o contratos con renovaciones permanentes luego de periodos reducidos de tiempos (3 meses, 6 meses), generando sensación de inestabilidad o incertidumbre en los trabajadores, respecto a la continuidad en sus puestos de trabajo.

Por otro lado, se destaca en el sector privado de la economía, de igual manera que en el público, la sobrecarga de tareas y responsabilidades no reconocidas salarialmente a los trabajadores, que también se traduce en sobreocupación horaria o cumplimiento de horas extras no reconocidas por parte de la patronal.

Propuestas para políticas públicas y rol del Estado

Previo a la implementación del Plan de Inclusión Previsional (2004–2007) el sistema de seguridad social cubría solamente a los trabajadores formales. Durante el periodo señalado, el PIP permitió la inclusión de cerca de un millón ochocientos mil adultos mayores que carecían de años de aportes formales al sistema previsional o que a lo largo de su vida laboral experimentaron trayectorias previsionales heterogéneas. En relación a esto, Roffman y Oliveri (2011) sostienen que en materia previsional la transformación más importante se dio al final de periodo, cuando el efecto de la moratoria se percibió en toda su extensión, impactando positivamente en la distribución del ingreso entre los jubilados.

Esta ruptura con el principio contributivo entra en sintonía con la universalización de las asignaciones familiares por medio de la Asignación Universal por Hijo (AUH), lo que implicó la extensión de la asignación familiar mensual a los empleados informales y a los desocupados. Huelga decir que, sin hacer juicio crítico sobre el impacto positivo que ha derivado de esta reforma en relación a la reparación de derechos, el aumento de los persecutores de la AUH no solo nos da la pauta de un incremento en el nivel de cobertura en los distintos tramos de su aplicación desde el año 2009, sino también la presencia aun importante de trabajo informal en el sector privado.

No obstante, es necesario plantear también el problema que implica el financiamiento de estas políticas. De acuerdo con Bertranou (2010), en el primer año de su aplicación, el costo fiscal de la AUH equivalía, aproximadamente, al 0,6% del PBI. Si se suma el costo de las asignaciones contributivas para trabajadores formales el costo fiscal total de ambos sistemas equivale a 1,5% del PBI, lo que en apariencia volvía accesible su financiamiento. Actualmente, ha crecido la carga de asignaciones no contributivas, y se ha estancado el crecimiento contributivo, por la persistencia de trabajo no registrado y por efecto de incrementos salariales inferiores a la inflación.

Por otro lado, como lo confirman los datos arrojados por el Censo Nacional de Hogares y Vivienda de 2010, la presencia cada vez mayor de PEI (Población Económicamente Inactiva) que supera numeraria y porcentualmente a la PEA, pone en riesgo el sistema previsional contributivo; esta situación viene acompañada de la presencia de un amplio porcentaje de trabajadores que no aportan al sistema previsional, marcando la necesidad de formular políticas efectivas de formalización del empleo dentro del sector privado y de regularización de las contrataciones precarias dentro del sector público.

En vinculación a esto, es posible mencionar la crítica situación que se avizora en relación al crecimiento de la deuda intraestatal, particularmente la del ANSES. En este sentido nuestra propuesta es que los fondos de la seguridad social dejen de ser la principal fuente de financiamiento del pago de los servicios de la deuda, para evitar la descapitalización del organismo a futuro. El enorme peso de los títulos de deuda pública en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES pone en riesgo la proyección del pago de jubilaciones proporcionales a los haberes de los trabajadores activos.

Gráfico. Recursos Totales ANSES - Proyecto presupuesto 2011. Participación de cada rubro sobre el total.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Ley de Presupuesto del ANSES para el ejercicio 2011

Finalmente, se señala como necesidad el sinceramiento de los indicadores y estadísticos elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, con la finalidad de tener una base sólida de información que sirvan a la formulación de políticas públicas.

Citas 

Bertranou, F. (coord.) (2010), Aportes para la construcción de un piso social en Argentina: el caso de las asignaciones familiares, Buenos Aires: OIT.

Cortese, Carmelo, Llano, María del Carmen y Equipo de Investigación (2013), Estrategias de desarrollo y políticas sociales para una redistribución de ingresos en el marco de un modelo concentrador de la riqueza, Mendoza: Informe Final Proyecto Bienal 2011–2013, SEPTyP, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional de Cuyo.

Cortese, Carmelo, Llano, María del Carmen y Equipo de Investigación (2013), “Precarización laboral en Mendoza en el marco del nuevo modelo productivo”, Mendoza: Observatorio Laboral, Secretaría de Desarrollo Institucional, Instituto de Trabajo y Producción, Universidad Nacional de Cuyo, informe diciembre. Publicación en página web: www.imd.uncu.edu.ar. 

Rofman, R. y Oliveri, M. (2011), “Las políticas de protección social y su impacto en la distribución del ingreso en Argentina”, Serie de Documentos de Trabajo sobre Políticas Sociales N° 6, Banco Mundial.

Links de interés

http://obderechosocial.org.ar/

http://www.argenpress.info/2014/08/precariedad-laboral-en-la-primera.html

http://www.argenpress.info/2014/08/desarmando-indices.html

http://www.argenpress.info/2014/07/el-impacto-sobre-el-nivel-de-empleo-y.html

http://www.argenpress.info/2014/06/conflictividad-laboral-despidos.html