Justicia y seguridad

Mapeo conceptual y mapeo de actores relevantes de la seguridad pública en Mendoza

Para identificar y fortalecer sus vinculaciones es necesario trazar un marco que ayude a entender las políticas de seguridad en relación a las políticas sociales y a las explicaciones de la cuestión criminal.

La seguridad ciudadana es una de las primeras preocupaciones sociales. El incremento de la conflictividad social en los últimos 30 años ha elevado el nivel de exigencia sobre seguridad. Los reclamos se han cristalizado detrás del concepto de “inseguridad”: una forma de mencionar al temor. Pero este temor ciudadano asociado con la percepción de vulnerabilidad es construido por la confluencia de una multiplicidad de fenómenos sociales, cambios de época, comportamientos comunicacionales e institucionales. El temor es constitutivo del humor contemporáneo y se incrementa, al tiempo que la gestión política del Estado potencia las estrategias de control interpretadas como promesas de seguridad basadas en una lógica mecánica entre amenaza difusa y protección ilusa.

El incremento relativo de los presupuestos para las áreas de seguridad en relación con los destinados a otras políticas sociales es un indicador de estas prioridades de gestión. El tema se ha convertido también en una urgencia política, en un elemento articulador de nuevos movimientos sociales que reclaman la profundización de las políticas de control del Estado atraídos por la falacia del orden normativo, al tiempo que se avanza sobre los derechos de las comunidades más vulnerables, aquellas más afectadas por la violencia, las mismas que sin embargo enuncian menores niveles de temor.

Pareciera que lo que está en cuestionamiento finalmente es la propia organización social, la distribución de derechos y como consecuencia las posibilidades de las políticas sociales para reducir los niveles de violencia y también los niveles de temor.

Quedan en el centro del debate tanto la eficacia de las políticas sociales que garantizan el disfrute de derecho —estrategias preventivas de la violencia y el delito—, como los abordajes represivos concebidos como intervenciones del Estado para garantizar derechos especialmente realizados por las fuerzas de seguridad. Sin embargo, se podría sostener que los criterios de valoración social de esas prácticas no pueden ser medidas exclusivamente con estadísticas criminales, sino que se componen de un alto nivel de subjetividad expresada en el temor que es el emergente de otros fenómenos sociales.

En las últimas décadas se han desarrollado en América Latina diferentes esfuerzos por modernizar los sistemas de seguridad pública, superando aquellos que identificaban como el bien a proteger las naciones, conceptualizado en la Doctrina de Seguridad Nacional. Los paradigmas de desarrollo centrados en lo humano y quizá también los cambios sociales —asociados a la hipercomunicación, a las nuevas formas de ciudadanía, las crisis de las democracias delegativas y de toda forma de representación, a la percepción de la sociedad del riesgo, al repliegue del Estado aumentando la percepción de vulnerabilidad social, y fundamentalmente el incremento de los niveles de violencia y temor— han configurado nuevas políticas de seguridad. Pero estas reformas, en general, han resultado poco exitosas afectando la institucionalidad democrática, profundizando la desconfianza en las instituciones, en los grupos dirigentes y el temor.

En Mendoza ya se está trabajando en establecer vínculos entre desarrollo humano y seguridad. En la misma línea hay otros análisis (Wacquant, 2000; Garland, 2004) que se internan en los mecanismos desplegados en otros contextos geográficos en el diseño de las políticas públicas de seguridad, su articulación con las políticas sociales y cómo el proceso ha estado condicionado por actores y estrategias que han profundizado la exclusión y el control. En ambos casos sostienen que existe una correspondencia entre conceptos de seguridad y conceptos de desarrollo, y que las políticas de seguridad del tipo “de mano dura” son compatibles con la configuración de una ciudadanía asistida (Bustelo, 1998).

Pero los enfoques de seguridad están en cambio permanente. Se usan casi indistintamente términos como “seguridad pública” y “seguridad ciudadana”. La evaluación de estos modelos ha seguido el ritmo de los paradigmas de desarrollo y las políticas sociales en general. Se aborda también el concepto de “seguridad humana” como condición para el desarrollo humano, aportando una dimensión más extensa y compleja. Se necesita entonces un marco que ayude a entender las políticas de seguridad en relación a las políticas sociales y a las explicaciones de la cuestión criminal, para poder identificar los actores que intervienen y los que deberían hacerlo en la construcción de las políticas de seguridad pública.

Para ello, en el presente trabajo se presentan dos núcleos conceptuales que deben ser considerados como paso previo a un mapeo de actores. Por un lado, la relación entre políticas de seguridad, entendidas como políticas que hacen a lo social, pensadas desde un paradigma de desarrollo y por lo tanto, de un proyecto de sociedad deseable. Por el otro, el proceso de configuración de las políticas de seguridad, resultado de una disputa en el campo del poder entre diferentes grupos, pugnando por establecer los mecanismos de control y organización social, finalmente, de distribución de derechos.

Desde este marco se propone una enumeración de las partes que integran el sistema provincial de seguridad pública como así también sus mandatos y  vinculaciones. También se procura reflejar sus condicionantes estructurales y sus  dinámicas internas. Los distintos actores están clasificados de acuerdo a los seis subsistemas integrantes de todo sistema de seguridad democrática (gobierno institucional de la seguridad, sistema institucional de prevención social de la violencia y el delito, sistema policial, sistema de persecución penal, comunidad, sistema de seguridad privada) y al rol que les asigna la ley 6721 del Sistema de Seguridad Pública de Mendoza. Finalmente, se enumeran algunas instituciones que forman parte de hecho o deberían estar incluidas, pero no han sido consideradas.

Los objetivos del trabajo son: definir un marco conceptual sobre políticas de seguridad pública democráticas, por un lado. E identificar  los actores relevantes en este campo en Mendoza y construir un mapa que evidencie sus roles y vinculaciones, por otro.

En función de estos objetivos se utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos: indagación bibliográfica y documental, observación de datos y documentos, análisis de fuentes primarias (archivos, registros, actas, etc.) y de fuentes secundarias (archivos de prensa, reportes, bibliografía). El trabajo también incluyó entrevistas a informantes clave.

Una amplia variedad de actores

Existen actores que forman parte del sistema de seguridad pública, ya sea porque hay una ley que los designa o bien porque de hecho intervienen en ocuparse del tema de la seguridad. Así mismo, existen muchos otros actores gubernamentales y de la sociedad civil que se involucran en temas de seguridad, que inciden en las políticas y que no están formalmente considerados en el sistema de seguridad. O bien, tienen ámbitos de participación poco relevantes.

Muchos de estos actores, no son los referentes tradicionales de la seguridad. A diferencia del gobierno, la justicia o la policía, ámbitos como la educación, la salud, el desarrollo comunitario, la cultura o las organizaciones que presionan por sus derechos, no son considerados tan “legítimos” para involucrarse en temas de seguridad. Obviamente, las organizaciones más tradicionales han participado en el diseño de políticas tradicionales (seguridad concebida como orden) y buscan mantener su posición de dominio.

Entonces, la modernización del sistema de seguridad público y el cambio de paradigma que se manifiesta en la ley 6721, ensanchó el campo de la seguridad. Hay una variedad más amplia de actores intentando hacer valer sus conceptos de seguridad. Otros resisten, ya que detrás de toda política de seguridad subyace un modelo de orden social. No son proclives a democratizar el debate. Prefieren las políticas orientadas a controlar a algunos grupos, sin ocuparse de gestionar los conflictos.

Construir consenso para una sociedad más igualitaria

Del estudio se desprende que es posible intuir que los ámbitos académicos, culturales, organizaciones de la sociedad civil de derechos, agencias gubernamentales vinculadas a políticas sociales, ámbitos de participación comunitarios, periodistas de algunos sectores, tienen una visión bastante compatible sobre un proyecto de sociedad más incluyente y en consecuencia un modo de gestionar los conflictos democrático. Pueden encontrar puntos de consenso con algunos profesionales liberales, legisladores, jueces, grupos religiosos. Trabajar en fortalecer las capacidades de análisis y articulación entre todos estos actores es una línea de trabajo posible para construir consensos para una gestión democrática de los conflictos y políticas públicas de seguridad que contribuyan a tener una sociedad más inclusiva e igualitaria.

Bibliografía

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BOURDIEU, Pierre (1997): Razones prácticas, Anagrama, Madrid.

BOURDIEU, Pierre; WACQUANT, Loïc (2005): Una invitación a la sociología reflexiva, Siglo XXI, Buenos Aires.

BUSTELO, Eduardo (1998): Expansión de la Ciudadanía y Construcción Democrática, en BUSTELO, Eduardo y MINUJIN, A. (Compiladores): Todos Entran. Propuesta para Sociedades Incluyentes, UNICEF y Editorial Santillana, Bogotá.

COZZANI, María Rosa (Dir.) (2008): Inseguridad. Estrategias para fortalecer la convivencia social. Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza.

FLEURY, Sonia (2002): Exclusao e Cidadania. Teoría Da política Social na América Latina. En Socialis. Reflexiones latinoamericanas sobre política social, Volumen 6, Homo Sapiens Ediciones, Rosario.

GARDLAND, David (2005): La cultura del control, Gedisa, México.

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LEA, John y YOUNG, Jock (1984): ¿Qué hacer con la ley y el orden?, Editores del puerto, Buenos Aires.

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SAIN, Marcelo (2007): El Leviatán azul, Siglo XXI, Buenos Aires.

WACQUANT, Loïc (2000). Las cárceles de la miseria. Manantial. Buenos Aires.