La paralización de las exportaciones de vinos, uva en fresco y pasas podría finalmente encontrar la luz esta semana si el Gobierno nacional aprueba una excepción que estaría a punto de firmarse para que la industria pueda volver a comercializar sus productos en el exterior con un plazo de 180 días.

Una resolución del Ejecutivo nacional que achicó el plazo a 90 días provocó que las bodegas dejaran de tomar pedidos. El problema no es menor: hay U$S800 millones en juego, es decir, unos $3.500 millones.
La esperanza la dio ayer el propio titular del Instituto Nacional de Vitivinicultura, Guillermo García, quien confirmó que las autoridades nacionales han entendido el problema y que ahora “falta un esfuerzo final para que el Ministerio de Economía de la Nación apruebe la excepción global a la actividad”.

Así la industria comienza a transitar una semana clave en la que sus principales referentes esperan y creen que tendrán definiciones.

La situación se desató cuando el Ministerio de Economía de la Nación emitió la resolución 142 que reducía a 90 días el plazo a empresas bodegueras y de otras actividades para liquidar los dólares o cualquier otra moneda extranjera que obtienen en el exterior por sus exportaciones.

A las bodegas se les planteó un severo dilema porque el plazo habitual que tenían para cerrar esa obligación era de 180 días, que se corresponde, además, con los períodos de pago y cancelación que imperan en el comercio vitivinícola internacional.

Ante esto, la industria frenó las exportaciones, pues violar la resolución implicaba el riesgo de incurrir en un delito penal cambiario que se paga con muchos años de cárcel.

García: “Un último esfuerzo”

En diálogo con Diario UNO, el titular del INV, Guillermo García, aseveró: “Hay plena comprensión en la Nación por los problemas que acarrea esta disposición. Indudablemente, las autoridades nacionales lo han entendido, pero aún queda el último esfuerzo para tratar de lograr la excepción que buscamos”.

García refirió: “Habría dos alternativas: primero la excepción global, que es la que todos esperamos (volver al plazo de los 180 días) y que creemos que la vitivinicultura necesita por el tipo de operaciones que realiza, y si no se da esto que buscamos, la segunda sería que por lo menos se haga por empresa, es decir, que cada uno de los exportadores haga un solo expediente”.

Una corrección a medias

Apenas salió la resolución 142 del Ministerio de Economía, las provincias vitivinícolas pusieron el grito en el cielo, y los gobiernos de Mendoza y San Juan comenzaron a llamar a la Nación.

El gobernador Francisco Paco Pérez se movió a través del titular del INV, Guillermo García, que estaba en Angola con la presidenta Cristina Fernández.

El gobernador José Luis Gioja, de San Juan, directamente se subió al avión con la comitiva para ir a África y tratar el tema porque, además, Brasil le había cerrado el ingreso a las exportaciones de pasas y uva en fresco, tema ya superado.

Las gestiones rindieron sus frutos en parte. Economía sacó la resolución 187 que devolvió los plazos de 180 días a los que exportaron hasta U$S2 millones en el año 2011.

La solución parcial alcanzaba a la mayoría de los exportadores pero no del volumen que se exporta.

Guillermo García explicó: “La Argentina tiene 466 exportadores de vinos y otros productos relacionados. La nueva resolución le devolvió los plazos anteriores a 400 exportadores. El problema es que este grupo mueven sólo el 13% de lo que se comercializa en el exterior”.

Entonces puntualizó: “Las 66 bodegas restantes no autorizadas comercializan el 87% de los U$S800 millones que se venden fuera del país”.

El titular del INV indicó: “Decidimos hacer un estudio y vimos que esas 66 bodegas habían hecho 30 mil ventas (operaciones) al exterior en todo el 2011, lo que nos dejó en claro que sería casi imposible establecer un mecanismo de excepciones en Buenos Aires por operación, por eso si no sale la excepción global para todos, la opción sería tramitar por bodega”.

Expectantes y preocupados

El gerente de Bodegas de Argentina, Juan Carlos Pina, indicó: “No sería beneficioso ni útil tramitar excepciones por exportador porque cada bodega exporta a 30 o 40 países y tienen además dos o tres distribuidores cada una, por lo que sería sumamente engorroso”.

Además, Pina destacó: “En la vitivinicultura mundial los competidores trabajan con los plazos de 180 días de pago. Quedar reducidos a 90 o limitados por trámites previos nos pondrá en desventaja”.

Por su parte, el gerente de la Unión Vitivinícola Argentina, Sergio Villanueva, evaluó: “La próxima semana será clave. El sector está esperando que prosperen las gestiones pero todavía no hay nada formalmente firmado. Es crucial que se recuperen los plazos anteriores porque si no tendremos problemas serios”.