Las situaciones de conflicto y violencia en los ámbitos escolares vienen reflejando, además de lo que sucede puertas adentro y afuera de estas instituciones, nuevas situaciones ante las cuales los docentes se ven obligados a actuar.

En consonancia con la necesidad de que los educadores cuenten con herramientas para hacerles frente a los problemas extracurriculares, se presentó un proyecto de ley que apunta a que se institucionalice la Mediación en estas organizaciones.

Esta iniciativa fue presentada por la diputada oficialista Mónica Zalazar, para quien debe haber una obligatoriedad para que los docentes tengan una formación específica en mediación escolar, lo que la legisladora entiende que de alguna manera puede ser resistido por parte de los trabajadores de la educación, ya que lo pueden interpretar como una exigencia más hacia el sector.

Este análisis es compartido por la responsable en la Dirección General de Escuelas (DGE), María Rosa Sfeir, a cargo de la Dirección de Orientación y Apoyo Interdisciplinario a las Trayectorias Escolares (Doaite), una dependencia que tiene entre sus responsabilidades la implementación del protocolo de actuación ante situaciones emergentes, el que será presentado el próximo mes.

En una jornada de Violencia Escolar que se realizó en la Legislatura provincial hace casi un mes, encuentro que fue organizado por un grupo de educadores autoconvocados por el caso de la maestra golpeada por la madre de un alumno de la escuela primaria lasherina Origone, se visualizó parte de las demandas que exigen los docentes, entre ellas una legislación específica que penalice con mayor severidad a quienes agredan a los trabajadores de la educación.

El proyecto. "La educación no sólo tiene que ver con aprendizaje de conceptos básicos relacionados a lo intelectual, la escuela enseña valores, actitudes, maneras de resolver diferencias, formas de enfrentar un conflicto, diferentes modos de comunicarse. Es por ello que la manera en que se utilicen la comunicación y las posibilidades de diálogo en su primer lugar de socialización como es la escuela, es de vital importancia", explican los fundamentos de la iniciativa de Zalazar.

En otro tramo de las razones que esgrime la legisladora se puede leer: "Para ello se propone que se incorporen como parte de la formación docente y de preceptores competencias mediacionales, como técnica para resolver conflictos; la obligatoriedad de la competencia en mediación escolar de los docentes y preceptores en servicio y que se incluya a la formación común de los alumnos de todos los niveles y modalidades, la competencia en mediación como método para resolver conflictos dentro de la escuela, valorizando la palabra, la democracia y los derechos humanos".

Además, la iniciativa plantea que la DGE promueva la obligatoriedad en la educación secundaria de la inclusión de la mediación, formando parte de las competencias de los Gabinetes de Orientación.

Para ello establece como procedimiento que el personal profesional perteneciente al Gabinete de Orientación con el que cuentan las escuelas de la provincia de Mendoza deberá formarse en mediación escolar, utilizando la bibliografía presente en el Programa Nacional de Mediación Escolar, con los contenidos "básicos indispensables" para la formación de mediadores pudiendo enriquecerlo.

Ante las posibles dificultades que pudieran surgir por parte del Gabinete de Orientación en la comprensión y posibilidad de transmisión de la técnica de mediación, "los colegios podrán solicitar la asistencia de un especialista en mediación", expresa la iniciativa.

El mismo gabinete deberá asistir cuando sea demandada su participación en el establecimiento escolar, cuando exista un conflicto entre partes, y, en tanto, el personal docente, preceptores y los integrantes de los gabinetes orientación que se encuentran activos deberán acreditar ante la Dirección General de Escuelas sus competencias en técnicas de mediación en un plazo de dos años desde la vigencia de la presente norma.

Otra mirada. Por su lado, Sfeir opinó que si bien la iniciativa de Zalazar es un aporte al debate sobre la violencia en las escuelas, al igual que otros proyectos que han sido presentados con anterioridad en la Legislatura, desde el Gobierno escolar tienen la mirada puesta en un abordaje en el que la responsabilidad de resolver situaciones agresivas no pase únicamente por el rol del docente.

La directora de la Doaite comentó que en el contacto diario que tienen con los docentes, como con los directivos de las escuelas, hay una demanda para que las exigencias en los educadores recaigan en la tarea específica que tienen de enseñar.

A lo que la funcionaria agregó que si bien no hay que desviar la responsabilidad que tienen los educadores ante el desafío de solucionar escenas de alta conflictividad, como si fuera un corrimiento del rol adulto, desde la DGE analizan que la mejor resolución se produce entre pares, o sea, entre los mismos alumnos, quienes pueden ser más efectivos en la contención y el control.

"Hay nuevos roles y está claro que hay que hacerse cargo, pero el reclamo es que ellos (docentes) quieren dar clases. Está claro que hay que trabajar en lo que excede la cotidianidad de la escuela, pero nos piden que las diferentes áreas públicas sean responsables de sus respectivas competencias, en definitiva, que los ayudemos a que se resuelvan estas situaciones de violencia", precisó.

En la jornada de Violencia Escolar que se hizo a principio de la Casa de las Leyes, las opiniones mayoritarias estaban dirigidas a la mayor protección que requieren los docentes ante hechos de violencia, y no tanto de que les faltan herramientas para solucionarlas.

El protocolo de actuación llega en agosto y vuelve la "hora afectiva"

El protocolo de actuación antes situaciones emergentes viene demorado en su presentación oficial, lo que es admitido por la titular de la Dirección de Orientación y Apoyo Interdisciplinario a las Trayectorias Escolares (Doaite), María Rosa Sfeir, quien de todas formas comentó que fue necesario que este mecanismo pasara por todas las instancias necesarias antes de ser puesto en marcha.

Sfeir expresó que, además de este protocolo, que será presentado en las próximas semanas por la directora General de Escuelas, María Inés Abrile de Vollmer, desde el gobierno escolar van a empezar a trabajar en talleres que se darán en los diferentes niveles educativos, y que lo que quieren institucionalizar es que haya jornadas fijas y obligatorias en las que se traten los diferentes conflictos que se producen en la escuela y fuera de ella.

"Queremos trabajar con los centros de estudiantes y con los centros de actividades juveniles, además de con los docentes y con los padres de los alumnos. Lo primero que presentamos fue la resolución 445 de la DGE, que marca la política provincial de convivencia escolar, en la que se modifica y se hace más rígido el código de faltas ante situaciones de violencia para proteger a los docentes", refirió.

"Poner palabras a las situaciones, ese es el concepto", indicó Sfeir, como si pareciera de alguna forma que se ha estado silenciando este conflicto y ahora quiere conducírselo institucionalmente.

También, la funcionaria precisó que están retomando lo que en otros años se implementó en la primaria como "la hora afectiva", un espacio fijo semanalmente en el que se hablará entre docentes y alumnos de los problemas que hay más allá del ámbito escolar.

Sfeir recordó que en la primaria hay un equipo de orientación, lo que antes se llamaba gabinete psicopedagógico, por entre diez a quince establecimientos; en cambio, en el caso de los secundarios hay uno de estos grupos por establecimiento.

Finalmente, cuando hay situaciones de violencia que se presentan entre grupos de diferentes colegios, a la intervención de la DGE se le suma la tarea que proporcionan el Grupo de Resolución Alternativa de Conflictos con el que cuenta la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad.

Esta dependencia fue la primera que llevó la mediación a las escuelas, en 1999.