Oscuro, turbio, sospechoso, dudoso, opaco; todos los antónimos de la palabra "transparencia" aparecen cuando se habla de cómo se financian los partidos políticos, en especial en épocas de campaña electoral. Para poner un freno a esa situación, a poco más de un año de los comicios legislativos, radicales y demócratas presentarán mañana en Diputados un proyecto de ley para que el Estado provincial sea quien financie a las fuerzas políticas y además, para que todos los candidatos tengan el mismo espacio de radio y TV cuando haya elecciones, como ya lo hace la Nación.

La iniciativa forma parte de un paquete de leyes de reforma política que están trabajando en conjunto la UCR y el PD y que apuntan a hacer cambios en el sistema electoral actual (que incluyen separar los comicios provinciales de los nacionales e implementar la boleta única, dos modificaciones que el oficialismo rechaza). Este proyecto se refiere específicamente a los fondos que reciben los partidos para funcionar y hacer campaña en épocas electorales y la manera en la que deben rendirlos.

En el primer artículo, ordena al Estado provincial a crear un fondo (denominado Módulo Electoral Provincial) que se irá actualizando para financiar anualmente a los partidos políticos según los votos que obtuvieron en los comicios anteriores. Establece un mínimo de $ 50.000 pesos para que cada partido pueda funcionar pero además, pone condiciones. El 30% del dinero recibido se debe utilizar para capacitación de dirigentes y la mitad de ese dinero para formar jóvenes menores de 30 años.

Pero además, el proyecto limita la plata que viene de privados, algo que hoy no sucede. En un año, sólo podrán recibir de parte de una persona jurídicas (ejemplo, una empresa) un 1% del total de gastos permitidos y de una persona física un 2%. La Junta Electoral informará a los partidos políticos, en el primer bimestre de cada año calendario, el límite de aportes privados y publicará esa información en el sitio web oficial de la Provincia. En ese tope no están incluidos los afiliados que hacen sus respectivos aportes de acuerdo a la Carta Orgánica de cada partido.
"Apuntamos a cambiar el sistema de financiamiento de los partidos porque la mayoría de las leyes no son claras", advirtió a Los Andes el diputado demócrata Hugo Babolené. "La ley Orgánica de los Partidos Políticos establece en su artículo 53 que la Ley General de Presupuesto determinará, anualmente, la afectación de los recursos necesarios bajo el rubro ?Fondo Partidario Permanente Provincial' pero eso no sucede", agregó el diputado radical Tadeo García Zalazar.

Todos por radio y TV

Ya pudimos verlos y escucharlos el año pasado. Como hicieron todos los candidatos a legisladores nacionales el año pasado, que aparecían constantemente haciendo campaña por radio y TV, si se aprueba esta norma, harán lo mismo los candidatos a cargos provinciales.

La iniciativa legislativa que presentarán mañana los radicales y los demócratas establece medidas similares a las que aplica la Nación desde el año pasado, a través de la ley 26.215. El Estado deberá sortear entre los diferentes partidos segundos de radio y TV en cantidades similares, lo que posibilitará que los candidatos que tienen pocos recursos económicos, puedan tener acceso a los medios de comunicación. Los costos de esos spots serán asumidos por el Estado provincial y serán transmitidos 20 días antes del comicio y hasta 48 horas de ese hecho.
La ley también designa límites a los gastos de campaña, que surgen de una ecuación. De acuerdo al artículo 8, "no podrán superar, la suma resultante al multiplicar el número de electores habilitados, por un módulo electoral (que se discutirá con el Presupuesto provincial) y no podrán ser inferiores al monto mínimo asignable ( $ 50.000)".

Hoy, la ley 7.005, que es la que fija el financiamiento de las campañas provinciales, marca topes que no se cumplen y por lo tanto, los partidos "dibujan" sus gastos. Permite una suma máxima de 0,20 centavos por cada elector empadronado, por lo que, de acuerdo a lo que comentan en los partidos "eso no representa ni siquiera en 30% de lo que se gasta en la realidad".

Todos los gastos deberán ser rendidos por los partidos ante el Tribunal de Cuentas quien tendrá poder sancionatorio. Podrán perder el derecho a recibir contribuciones, subsidios y todo recurso de financiamiento público anual, por un plazo de uno a cuatro años, y los fondos para financiamiento público de las campañas electorales por una a dos elecciones, los partidos políticos que no cumplan.

La ley de internas abiertas que presentaron los azules del peronismo (y que generó un revuelo con la Corriente Peronista que es el otro sector del PJ) también incluye un capítulo sobre financiamiento de campañas. "Pero lo dejamos abierto para que sea discutido por todos los partidos", explicó la presidenta provisional del Senado, Miriam Gallardo.