En la actualidad, los principales accesos y arterias del Gran Mendoza se encuentran colapsados por colectivos de larga, media y corta distancia, camiones, taxis, remises, automóviles particulares, etc. Esta coexistencia desregulada, junto con una clara desarticulación entre los diferentes actores que conforman el sistema de transporte público de pasajeros en el Gran Mendoza y la existencia de vacíos legales, genera problemas de congestión, contaminación y accidentes.

Ello a su vez ocasiona serias consecuencias sobre nuestra salud y calidad de vida producto del impacto de la contaminación, especialmente, sobre las vías respiratorias, así como también de los accidentes con víctimas fatales que superan en Mendoza cada año a la cantidad de homicidios que se registra en nuestro país.

La problemática es compleja y amerita abordajes integrales. Desde el punto de vista institucional-normativo los vacíos legales que más sorprenden son los relacionados a la gestión y control del Estado, los que pueden explicarse, en parte, tanto por la ausencia de voluntad política en la planificación del servicio, como también por la decisión de no reestructurar en el año 2005 un sistema de transporte público de pasajeros vigente desde el año 1991.

Recordemos que la renovación de la concesión debió ser realizada en 2001 lo que no fue posible por el contexto de crisis económica-social y política de nuestro país, estableciéndose en los pliegos licitatorios para el año 2005 condiciones muy similares a las anteriores. Ello nos lleva a preguntarnos si es que de cara al próximo vencimiento de la actual concesión, en 2015, se contará aún con diseños que para ese entonces tendrán 24 años de antigüedad.

En referencia a la relación entre los actores, tanto públicos como privados, debemos decir que una de las principales falencias que se evidencia es la desarticulación entre los organismos de aplicación indicados en la ley provincial N° 6082: Subsecretaría de Servicios Públicos y la Dirección de Vías y Medios de Transporte -un organismo desjerarquizado con amplias competencias pero escasa capacidad de control por contar con apenas 14 inspectores para toda la provincia-, Municipios del Gran Mendoza, grupos empresarios concesionarios, nucleados en AUTAM y el Sindicato del Personal de Ómnibus y Micros de Mendoza.

Si a esta desarticulación se agrega la participación de la Empresa Provincial de Transporte Mendoza -organismo descentralizado, dependiente del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza-, y la Policía de Tránsito provincial, la coordinación para la prestación del servicio se complejiza aún más. Asimismo, se debe considerar que desde 2005 la recaudación de pasajes quedó en manos de la Empresa Siemens, siendo este otro de los actores que conforman el sistema.

Párrafo aparte merece la escasa participación de los usuarios, quienes deberían ser los verdaderos beneficiarios, por el hecho de no contar con un adecuado conocimiento de los mecanismos institucionales vigentes, y en el caso de conocerlos, presentar éstos deficiencias (un ejemplo es el caso de los reclamos al 0 800 de Vías y Medios de Transporte). Asimismo, se cuenta desde 2005 con un Ente Regulador (EPReT), creado por la Ley provincial Nº 7412/2005, que aún no ha sido puesto en funcionamiento.

Es cierto que en términos de coordinación y planificación contamos con un Comité de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial reconocido por Ley Provincial Nº 6082, el cual debería planificar una política integral para la provincia. Sin embargo, en él las reuniones no son frecuentes, no se cuenta con la participación de todos los actores con poder de decisión, y los temas de discusión no se centran en la planificación.

En lo que respecta a la dimensión territorial, actualmente se opera con una estructura de recorridos desactualizada que no considera la expansión del tejido urbano; al tiempo que existen recorridos superpuestos que contaminan y congestionan arterias importantes de la ciudad y zonas desprovistas del servicio, con dificultades de movilidad y conectividad con el resto del Gran Mendoza.

En la medida en que no se tome conciencia de la centralidad que presenta el transporte en el Gran Mendoza, los accidentes con sus consecuencias se incrementarán; el servicio de transporte público será aún más deficiente y la congestión se tornará complemente insoportable impactando sobre nuestra salud.

Este desafío requiere de la voluntad política del actual y próximo Gobierno Provincial de avanzar en el diseño y reestructuración del sistema de transporte público de pasajeros para el año 2015.

Como un aporte a dicha reestructuración proponemos:

- Realizar estudios multidisciplinarios e integrales que permitan determinar estrategias que desalienten el uso de vehículos particulares, dados sus perjuicios en materia de congestión y contaminación;

- Participación de usuarios, empresas concesionarias, municipios y el conjunto de organismos públicos con competencia en la temática.

- Efectuar en el mediano plazo una modificación del diseño de recorridos. Recordemos que en 2015 tenemos una excelente oportunidad de hacerlo.

- Definir con claridad las competencias de los organismos del poder concedente con facultad para ejecutar la coordinación, control y fiscalización del sistema.

- Mejorar prestaciones del servicio de transporte público de pasajeros (estado de las unidades, accesibilidad, cumplimiento de frecuencias).

- Efectivizar los controles técnicos de las unidades con mayor periodicidad, así como también de los talleres que efectúan esos controles.

Fuente: http://www.losandes.com.ar/notas/2011/8/16/transporte-publico-mirada-desde-politica-587427.asp