En octubre del 2011 se empezaba a publicar en los diarios de tirada provincial el Registro de Deudores Alimentarios, y, a un año de esta medida, el Gobierno está analizando extender el brazo de las limitaciones a la hora buscar un empleo, y quiere que en el sector privado se aplique el requisito de contar con el certificado que lo escinde a uno de estar en esta lista de morosos en la manutención de los hijos. La idea fue confirmada por Milagros Noli, funcionaria de la Subsecretaría de Justicia, que depende del Ministerio de Gobierno. "Estamos buscando que entre las limitaciones que tengan las empresas cuando tomen personal o elijan a sus proveedores, los interesados no estén incluidos en el Registro de Deudores Alimentarios", precisó la abogada.

La ley que contempla la creación del Registro de Deudores Alimentarios es la 6.879, la que fue sancionada en el 2001, y diez años más tarde se le hizo una modificación que quedó plasmada en la normativa 8.326, por la que se obliga, entre otras cosas, a que este listado sea publicado mensualmente en, al menos, un diario de circulación provincial. Recordemos que para ingresar al registro se tiene que presentar la situación de que una persona "adeude total o parcialmente tres cuotas alimentarias consecutivas o cinco (5) alternadas, ya sean alimentos provisorios o definitivos fijados u homologados por sentencia firme".

Para avanzar en el sentido de que el Estado esté acompañado por el sector privado dentro de las políticas que tienen el objetivo de castigar a aquellos padres o madres que no cumplan con la manutención de sus hijos, no hace falta modificar la ley 6.879, ya que este espíritu está reflejado en la legislación, precisó Noli. En el artículo 13 de esta norma se puede leer lo siguiente: "El Gobierno de la Provincia invitará a empresas e instituciones privadas con sede o que desarrollen su actividad en la provincia a requerir informes al registro según lo prescripto en la presente ley".

La intención de los funcionarios del Gobierno local es que se imite en el sector privado la misma conducta que en las reparticiones públicas, lo que está legislado mediante el siguiente texto: "Las instituciones u organismos públicos de la Provincia no podrán contratar como proveedores del Estado, otorgar habilitaciones, concesiones, licencias o permisos, préstamos, líneas de créditos o subsidios ni designar como funcionarios jerárquicos o empleados de cualquier categoría en la administración pública, centralizada, descentralizada, en cualquiera de los tres poderes del Estado, entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado y obra social del Estado, a quienes se encuentren incluidos en el registro".

De lograr que el Gobierno cuente con la adhesión de firmas e instituciones privadas para que tengan en cuenta el hecho de no estar en este registro en el momento de tomar personal o contratar un servicio, la presión sobre quienes tienen cuentas pendientes con la Justicia de Familia tiene como propósito desalentar estas conductas, reflexionó la asesora de la Subsecretaría de Justicia. De igual forma, Noli adelantó, sin entrar en detalles, que en el Gobierno también están en estudio otras formas de visibilizar al Registro de Deudores Alimentarios, pero la abogada no quiso anticipar las nuevas herramientas en análisis.

A la hora de hacer un balance sobre el año de publicación del registro en los diarios, consideró que se ha producido un aumento en la cantidad de personas que lo componen. "En la primera publicación que se efectuó en octubre del año pasado había 296 nombres, y en el último, la cifra fue cercana a los 400 deudores alimentarios", precisó la abogada. Con respecto a las posibles lecturas del incremento en este número, desde el Gobierno interpretan, entre otras cosas, que desde que se hace de acceso público el registro, hay una mayor cantidad de personas que se animan a hacer la denuncia ante la Justicia y se preocupan porque los expedientes se resuelvan.

También cuenta el factor de que en muchos meses se han producido más altas que bajas en la cantidad de deudores alimentarios, lo que hace que la fluctuación haya sido en este año más en ascenso que a la inversa. De todas formas, Noli comentó que no debe perderse el espíritu final que persigue la normativa, que no es el simple escrache público ni condicionar el desarrollo laboral de un individuo, sino todo lo contrario, concientizar para que los responsables de mantener a los menores cumplan con sus obligaciones.

Es decir, el éxito se verá el día que no haya deudores alimentarios o se reduzca al mínimo posible la conformación de este listado. Consultada Noli sobre si en el Gobierno estaban pensando en algún incentivo para que desde el sector privado se sumen a la medida que está en la letra fría de la ley pero que hasta ahora no se materializó, la funcionaria confesó que no estaba contemplado aún pero no descartó hacer las consultas necesarias para instrumentar incentivos.

De igual manera, relató que, en principio, la propuesta va dirigida hacia el compromiso social que debieran aplicar entre privados, como la Responsabilidad Social Empresaria (RSE). La RSE es la contribución al desarrollo humano sostenible, a través del compromiso y la confianza de la empresa hacia sus empleados y las familias de estos, hacia la sociedad en general y hacia la comunidad local, en pos de mejorar el capital social y la calidad de vida de toda la comunidad.

Un juez de Familia opina sobre la publicación del listado en diarios

El titular del Primer Juzgado de Familia, Carlos Neirotti, fue consultado acerca de la publicación en medios provinciales del Registro de Deudores Alimentarios, ya que el magistrado es uno de los nexos de consulta entre el Poder Judicial y el Ejecutivo sobre este tema. Neirotti expresó que, para él, el valor de esta acción es movilizar a la gente para que tome conocimiento de este problema, y que quienes adeudan los fondos de manutención de sus hijos regularicen la situación.

"Creo que es importante que no se desnaturalice la idea principal, que no es el mero chusmerío de si alguien está en el registro, sino ayudar, proteger y restaurar los derechos de los niños", confesó el magistrado. "Esto no fue hecho para el escrache", precisó el juez. Pero, Neirotti no dejó de reconocer que el registro exhibido en medios de comunicación masivos es una buena medida. Neirotti coincidió con Milagros Noli en que en el último tiempo se ha hecho más habitual que desde diferentes organismos se consulte el registro, y que, además, hay una mayor preocupación en obtener el certificado que permite demostrar que no se está en ese listado.

Con respecto a si se puede establecer una proporcionalidad entre la cifra de nombres publicados y el número real de quienes son deudores pero no tienen sentencia en su contra, Neirotti comentó que es muy difícil saber la cantidad real de personas en falta. Asimismo, reflexionó que es muy diferente la situación actual a lo que sucedía en el 2001, cuando se sancionó la ley 6.879, ya que, hace once años, los niveles de desempleo y de informalidad laboral eran mayores. Sobre la cantidad de personas que están en esta nómina, Neirotti piensa que la cifra no se ha incrementado tanto, y contó que, en muchos casos, los abogados defensores no piden que se saque a quien empezó a cumplir con la manutención mensual u otras situaciones en las que un deudor fallece y nadie hace la gestión ante la Justicia para sacarlo del registro.