Una nueva propuesta se suma a otras acciones que buscan humanizar las cárceles de Mendoza. La funcionaria radical María Rosa Lemos presentó en la Cámara de Diputados un proyecto inédito de reinserción laboral del liberado.

Una política a contracorriente de los discursos que insisten en aplicar mano dura, cercenar derechos y estigmatizar a los presos considerándolos irrecuperables para la vida común en sociedad.

Se trata de un programa cuya esencia es garantizar los derechos de los internos, no sólo en el contexto carcelario, sino también extramuros.

Tal como se detalla en los artículos de la presentación, avanza sobre la persona que habiendo cumplido su condena, inicia el camino hacia la reinserción poniendo énfasis en la adaptación al ámbito laboral.

Para lograr este objetivo, se espera que los internos, cuando salgan de la cárcel con condena cumplida o bajo libertad condicional, puedan realizar pasantías o trabajar en algún organismo o empresa.

En ambos casos, el empleador se compromete a otorgar un certificado que dé cuenta de la experiencia, que le servirá al sujeto que abandona el encierro para buscar nuevos trabajos o abrir horizontes en el futuro.

En recompensa, a las empresas que reciban trabajadores liberados se disponen beneficios impositivos con una minuciosa regulación para que no se produzca una pérdida significativa en las arcas estatales.

Asimismo, el programa se financiaría de la partida presupuestaria asignada al Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia, sin necesidad de recurrir a fondos adicionales para concretar esta iniciativa.

Beneficios

Una de las pretensiones de Lemos es el crear un registro único de trabajo para los liberados. “El programa tiene como fin inmediato brindar a los ex presos una formación profesional y técnica adecuada al finalizar su permanencia en el establecimiento carcelario como forma de capacitación y útil aprendizaje en su paulatina adaptación al ámbito social y laboral”, subrayó.

“Además, se persigue que los liberados profundicen la valoración del trabajo como elemento dignificador desde una concepción no meramente utilitaria, que realicen prácticas complementarias a su formación y enriquezcan su propuesta curricular, que desarrollen hábitos laborales, incorporen saberes, habilidades y aptitudes vinculadas a situaciones del mundo real del trabajo”, agregó.

Para los empresarios los beneficios consistirán en eximirlos de un porcentaje del pago que realizan en carácter de Ingresos Brutos. Se trata del equivalente al 10% del sueldo de cada empleado que contraten bajo estas condiciones. Las exenciones de este impuesto no podrán ser superiores al 50% de lo que pagarían sin el beneficio.

También quedarán exentos de abonar el 15 % del Impuesto Automotor de todos los vehículos afectados a la actividad. Este descuento se aplicará solamente sobre pagos anuales. Los beneficios comenzarían a hacerse efectivos una vez que se haya formalizado la relación laboral, sea temporal o permanente y se aplicarán como máximo por cuatro ejercicios fiscales consecutivos.

Antecedentes

Un proyecto de similares características que el presentado por la diputada radical había sido anunciado por el gobernador durante la apertura de sesiones ordinarias de este año. En su discurso, Francisco Pérez habló de beneficios impositivos para empresas que incluyan entre sus trabajadores a ex presos.

Pero María Rosa Lemos que llevaba 6 meses ocupada en el tema se adelantó al Ejecutivo.

“Cuando escuché al gobernador que trabajaba en una iniciativa similar, decidí enviarle mi idea, porque la tenía lista para presentarla el 2 de mayo”, aseguró la funcionaria que en su investigación, antes de la presentación en la Cámara descubrió que en San Luis existe una iniciativa análoga y que obtenido buenos resultados.

“En la provincia puntana funciona una ley a través de la cual se crea un certificado de pasantías que sirve para que los internos que todavía están cumpliendo condena, acrediten su experiencia laboral cuando salgan de la penitenciaría ante sus posibles empleadores, fortaleciendo las posibilidades de reinserción extramuros”, apuntó al respecto.

“Merecen otra oportunidad”

Para Eduardo Orellano, el nuevo director del Servicio Penitenciario Provincial, de aprobarse este proyecto, se intensificarían las políticas que actualmente se llevan adelante para facilitar la reinserción de internos a la sociedad. “Creo que todo programa que tenga en cuenta ideas para mejorar íntegramente el sistema carcelario es positivo”, dijo.

“Todas las personas merecen siempre otra oportunidad para demostrar que pueden mejorar. A la cárcel llega mucha gente que no sabe leer, ni escribir, y desde hace un tiempo venimos aplicando una política para brindar asistencia en este aspecto. Todos los internos que estén interesados pueden acceder a la alfabetización y a desarrollar un oficio. El mundo laboral es muy difícil para cualquiera y mucho más exigente para quien carga antecedentes negativos”, subrayó.

“Por eso apoyamos esta iniciativa y creo que si bien quedan muchas cosas por seguir mejorando, una importante porción de la población carcelaria ya está estudiando y capacitándose, aprendiendo a desarrollarse en una actividad y todo suma para que estas personas cuando abandonen la institución no vuelvan a optar por delinquir ya que cuentan con otras recursos”, concluyó.