Con el respaldo de las fuerzas de la oposición, pero con el rechazo de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Pérez presentará hoy el proyecto de ley oficial para darle autarquía financiera al Poder Judicial.

El acto está previsto para las 11 en la Casa de Gobierno y, descontada la presencia de dirigentes del radicalismo y del Partido Demócrata, es casi seguro que ninguno de los jueces del máximo tribunal de Justicia estarán en el lanzamiento de una medida que, desde Roberto Iglesias a esta parte, intentaron implementar todos los gobernadores de Mendoza.

El martes por la tarde los supremos debatieron fuerte entre ellos qué postura tomar finalmente ante lo que consideran es un avance del poder político sobre ellos: los magistrados entienden, con razón, que la dirigencia política les está tirando por la cabeza la resolución a futuro de los conflictos salariales con los empleados judiciales, así como también la responsabilidad de hacerse cargo de sus propios aumentos salariales cuando la ley cobre vigencia.

El grueso, entre los que se encuentra el presidente de la Corte, Pedro Llorente, insiste en que la ley, tal como está planteada, es inconstitucional y que se precisa de una reforma previa de la Constitución para que la Justicia termine administrando sus recursos. Otro sector minoritario, con Mario Adaro al frente, si bien coincide en la preocupación de que la política está avanzando sobre el Poder Judicial, cree ver en la ley de autarquía la posibilidad de discutir más recursos y poner el tema de la administración de Justicia en agenda.

La falta de un punto en común se verá reflejado hoy, quizás. Los miembros de la Corte no tienen previsto asistir al acto de Pérez, y enviarían a Raúl Vicchi (el ex legislador radical que funciona como nexo entre el Poder Judicial y el poder político) como su representante. “La Corte no irá mañana (por hoy) al acto, aunque sí asistirá el presidente del tribunal (por Llorente), cuando la Legislatura así lo requiera, para la discusión formal de la ley”, expresaron desde Tribunales.

La apuesta política de los supremos, en definitiva, es “dejar correr la ley hasta que alguien plantee la inconstitucionalidad”, y en eso confían, en el accionar de alguna de las asociaciones que agrupan a los abogados y jueces de la provincia.

La pelea por los recursos

Si bien la presentación oficial del proyecto se realizará en esta jornada, en las últimos días trascendieron algunos detalles del proyecto que no busca otra cosa que darle a la Justicia la responsabilidad de manejar sus propios recursos. Lo que se tomó como base fue el proyecto que durante el gobierno de Iglesias redactaron los entonces ministros de Seguridad y de Gobierno, Leopoldo Orquín y Juan Carlos Jaliff, y que estableció que la Justicia se financie con un porcentaje (sería el 7,9%) de la recaudación del Impuesto a los Ingresos Brutos, del Automotor y de la Coparticipación Federal, más la recaudación total de la tasa de Justicia y otros aportes.

En relación a los sueldos, el anteproyecto contempla que la Corte será el “paritario”, y las remuneraciones, tanto de los magistrados como de los funcionarios y empleados del Poder Judicial, serán fijadas por una ley específica que se dictará a propuesta del máximo tribunal. También, en una ley que apenas supera los diez artículos, se establece que la Corte queda facultada para establecer modificaciones en su plante de personal.

El punto de debate será cuánto dinero se le terminará destinando a La Justicia a través de la autarquía. En 2012 el presupuesto para este poder apenas superó los $700 millones (el grueso está destinado al pago de sueldos), lo que representó el 4% del Presupuesto total de la Provincia. Algunos sondeos que realizaron ministros de la Corte en el ministerio de Hacienda les confirmó que el proyecto de Pérez, tal como está redactado, no implicaría en principio un aumento de recursos para ellos.

“Más allá de los planteos de la Corte, la ley saldrá con los consensos que ya tiene”,pronosticó un senador justicialista conciente de que la UCR lo respaldará y de que el PD, aunque no se ha expresado con contundencia todavía, también será de la partida. En ese sentido, cuando la discusión por este tema se reanudó hace algunos meses, el senador del PD Juan Carlos Aguinaga, sostuvo que el apoyo ganso estará “en la medida en que se garanticen los fondos para un funcionamiento normal del Poder Judicial”.