La autarquía propone la independencia financiera de la Justicia como la solución final a la sucesión de conflictos salariales entre el Gobierno y los jueces. La agencia de recaudación, por su parte, impulsa una ambiciosa modernización del área impositiva del Poder Ejecutivo.

El gobernador Francisco Pérez propuso y se comprometió con estos cambios, pero Roberto Iglesias y Julio Cobos, los dos últimos mandatarios radicales, también lo hicieron en su momento. Por ende, las posturas de los dos partidos mayoritarios es favorable, aunque una variable a calcular es cuánto demorará imponer los proyectos en la agenda legislativa, hoy dominada por el asunto que los divide.

COPIA Y PEGA. Según el jefe del bloque de senadores de la UCR, Armando Camerucci, las leyes de Autarquía y Agencia de Recaudación son un "copia y pega" de los proyectos que se elaboraron durante las gestiones radicales. Y, más allá de la crítica al PJ, remarcó: "La confrontación por la reforma constitucional no las va a frenar, porque son dos proyectos con los que estamos de acuerdo". Las iniciativas han tenido entrada por la Cámara de Diputados, donde el bloque oficialista también busca la manera de darles vía libre bajo un previsible marco de consenso con la oposición.

Gustavo Arenas, jefe de la bancada del PJ, explicó que la prioridad por cuestiones de apuro es la agencia de recaudación, dado que su creación permitirá generar la proyección impositiva del año próximo. Esto quiere decir que, sin la agencia, demoraría más el Ejecutivo en enviar a la Legislatura las leyes de Avalúo e Impositiva, que son las normas previas al presupuesto. La agencia de recaudación tomará estado parlamentario esta semana y, desde entonces, el PJ apurará la discusión en comisiones, con la idea de que en los primeros días de diciembre esté todo listo para que se pueda empezar a debatir la pauta de gastos del 2013.

Pero, en el caso de la autarquía, hay más dudas con los tiempos. A pesar de que el proyecto está hace dos meses en la Legislatura, Arenas afirma que "si es posible" la ley saldrá antes de fin de año, dado que se mantiene la pelea con la Suprema Corte de Justicia por los recursos en juego.

MILLONES. Desde comienzos de setiembre se debate con diferentes actores (jueces y gremios) la autarquía en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) de Diputados, pero los avances han sido más bien escasos. El planteo de fondo de la Corte es que la autarquía se debe aprobar en la reforma constitucional para modificar realmente el sistema actual, donde es el Poder Ejecutivo el que determina cuánta plata puede gastar la Justicia cada año.

Pero, debajo del planteo institucional, están los fríos cálculos de caja de uno y otro poder. Y allí la disputa se pone más seria, porque la pelea es por la plata. La Justicia está dispuesta a aceptar la autarquía por ley, siempre y cuando se achique al mínimo una brecha económica que hoy ronda entre 500 y 700 millones de pesos para la administración de la Justicia. De acuerdo con la iniciativa oficial, la Justicia recibiría hoy con la autarquía unos 915 millones de pesos. Pero la Corte no está dispuesta a conformarse con menos de 1.600 o 1.400 millones, según el Ejecutivo decida traspasar o no la obra pública al Poder Judicial.

El problema es el cálculo de los recursos: el Gobierno lo ata a la recaudación y los fondos nacionales (7,9 por ciento de ellos), mientras que la Justicia lo quiere ligar al presupuesto general de cada año (los jueces pretenden entre 7 y 8 por ciento de la pauta). "Hay que discutir qué tipo de Justicia queremos. Si es la actual, donde hay departamentos en los que todavía no se aplica el Código Procesal Penal, porque no hay plata, o una con mejores servicios, entre ellos, la policía judicial", sostiene Raúl Vicchi, el ex legislador radical que opera a favor de la Corte desde su puesto actual: coordinador de Políticas Públicas de la Justicia.

Vicchi es la cara del presidente de la Corte, Pedro Llorente, en cada reunión para tratar la autarquía. Con ese poder en la mano, asegura que, a pesar de la gruesa diferencia económica existente, el diálogo con el Gobierno y los legisladores es bueno y el destino puede ser el consenso. Lo que falta en esta novela es afinar el lápiz, algo que la política todavía no hace, por tener la mente y las energías puestas en otra cosa.