La presentación de un nuevo estudio de impacto ambiental que podría ser el paso inicial para una futura reapertura de la producción del complejo minero fabril San Rafael, en Sierra Pintada, fue uno de los puntos que se conocieron esta semana en el lugar, tras una inspección ocular solicitada por el juez federal de San Rafael, Eduardo Puigdéngolas.

La visita al complejo que la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), posee en el distrito Villa 25 de Mayo del departamento de San Rafael, se realizó en la mañana del lunes, y participaron del recorrido por gran parte de las instalaciones, además del magistrado, el vicepresidente de CNEA Mauricio Bisauta; Fabio Lorenzo por el Departamento General de Irrigación; Gonzalo Dávila, de la Dirección de Protección Ambiental de la provincia; Ricardo Sckop de la Multisectorial de San Rafael; personal de la planta que brindó las explicaciones pertinentes y medios de prensa.

El estudio de impacto ambiental "trata de los residuos de la minería pasada que fueron clasificados como los más importantes a tratar, donde los residuos sólidos y el agua de cantera son los primeros.
 
Cuando se construyeron los diques ya fueron tratados gran cantidad de estériles de la minería, minerales marginales, precipitados sólidos que quedaron confinados y se usó gran cantidad de roca en la construcción de los diques que tienen muros de piedra", explicó Roberto Grüner, gerente de Producción de Materias Primas Nucleares. Agregó que la idea "es continuar trabajando con licencia social que entienda que acá es todo legal y legítimo".

Ahora el estudio de impacto ambiental deberá ser analizado por los distintos sectores y luego se deberá realizar una nueva audiencia pública no vinculante. El estudio fue entregado al titular de la Dirección de Protección Ambiental.

Así, se recorrieron los diques que se utilizarán para la evaporación y aislar los lodos provenientes de la anterior explotación (1975-1995), corroborar el estado de uno de ellos que se construyó para utilizarlo provisoriamente mientras se hacían los diques 8- 9 donde se almacenarán los efluentes ya tratados en la etapa de gestión de pasivos ambientales, como también las trincheras donde se encuentran enterrados los tachos con los residuos de mineral, y la chacarita con el material que ya no se utiliza.

Bisauta comentó: "Todo lo que aporte para mejorar la calidad del complejo, suma. Creo que desde hace unos años todas las cuestiones llevan a restar y me parece que eso no tiene ningún beneficio para la sociedad de San Rafael. Si nosotros aprovechamos las capacidades técnicas, los recursos económicos, los recursos humanos, las críticas, vamos a tener un complejo que esté a la altura de los que necesita San Rafael, que supuestamente tiene algunas cosas para decir del tema".

Los profesionales de la CNEA respondieron las dudas planteadas por las distintas partes, y explicaron que las tareas de remediación ya están en marcha, con la construcción de los diques y otras tareas necesarias para lograr ese cometido. Otro de los sitios donde se realizó la inspección ocular fue una de las ocho trincheras donde desde 2000 se encuentran enterrados 5.523 tambores metálicos que contienen bolsas con residuos sólidos.

La CNEA invirtió el último año 20.000.000 de pesos en Sierra Pintada, que tiene una inversión sostenida desde 2003, con un incremento del presupuesto en 2006 que se destinó a mejorar el complejo que estaba bastante degradado, señaló Bisauta.

Durante 2013 se destinaron unos 20.000.000 de pesos para las actividades operativas de obra pura como alambrados, cañerías, sistema de monitoreo, equipamiento para Gendarmería, diques, tanques de combustible, tanques de amoníaco, equipamiento para laboratorios (acreditado ante los organismos argentinos de acreditación, único en la zona con técnicas de uranio), sin contar salarios de unos 80 empleados de la planta, tal como manifestó Grüner.

"El plan del gobierno nacional es continuar con las tareas de gestión y tenemos planes de trabajar en la rehabilitación de este complejo para producir uranio", concluyó Bisauta.

Un poco de historia

El Complejo Minero Fabril San Rafael de la CNEA comenzó a funcionar en 1976 y hasta fines de los 90 se abocó a la extracción y procesamiento de mineral de uranio, primer eslabón del ciclo de combustible nuclear del país.
 
La provincia de Mendoza fue el primer sitio donde se extrajo uranio en la Argentina con los descubrimientos de las minas Soberanía, Huemul y Cerro Mirano en las décadas del 50 y 60.

En 1951 se realizó el hallazgo del primer yacimiento uranífero denominado Papagayo, mientras que en 1952 se encontró Huemul (Malargüe) que operó hasta 1985 y que se encuentra en proceso de remediación.

Durante el funcionamiento del Complejo Minero Fabril San Rafael se extrajeron 1.600 toneladas de uranio, que representa el 20% de las reservas del yacimiento. En 1990, como consecuencia de los muy bajos precios en el mercado internacional y los elevados costos internos, el complejo detuvo su producción y dejó muchos residuos cercanos al río Diamante y sus efluentes.

En 2005, tras las denuncias de la Multisectorial de San Rafael -integrada por más de 40 entidades e instituciones- por presuntas irregularidades, se consiguió una medida cautelar que impidió su reactivación hasta tanto no se realice la remediación total de los residuos contaminantes allí depositados.