En Mendoza no existe una normativa que regule el acceso a la información pública. No obstante, los municipios de Capital y Maipú promueven este ejercicio a través de distintos espacios de intercambio con los vecinos, gracias a ordenanzas municipales. De todos modos, uno de los problemas que más afecta a nuestra provincia radica en la falta de garantía de los ciudadanos para acceder a la información del Estado, y de una práctica activa dentro de la administración pública.

Este fue uno de los ejes centrales de las Jornadas Nacionales de “Acceso a la Información Pública. Un derecho para ejercer otros derechos” que se desarrollaron ayer en el Centro de Congresos y Exposiciones, organizadas por la Red Argentina por Ciudades Justas, Democráticas y Sustentables, donde participaron cinco ciudades de nuestro país con el fin de generar aportes sobre el diseño de políticas públicas.

Uno de los principales aspectos que salió a luz en este encuentro fue el escaso ejercicio del derecho al acceso de la información pública de los ciudadanos, y que no están aceitados los mecanismos desde el Estado para fomentar la participación ciudadana.

Alejandro Belmonte, director de Nuestra Mendoza, un espacio ciudadano no partidario que promueve la participación y una mejora en la gestión pública, opinó: “Tenemos la esperanza de que dentro de la reforma de gobierno se empuje una ley provincial de acceso a la información pública, ya que si bien en Mendoza existe un proyecto que tiene media sanción, se encuentra trabado desde hace más de tres años”.

En el caso de nuestra provincia existe una realidad dispar entre los distintos municipios y el Gobierno provincial, pero lo cierto es que ambas partes necesitan una transformación de la gestión pública ya que, en general, no funcionan los procedimientos para lograr políticas públicas de calidad.

En la realidad conviven dos fenómenos: por un lado, hay mucha información que brindan los gobiernos pero que es de difícil comprensión para los ciudadanos, y que se resolvería con información fácil y accesible. Y en segundo lugar, la calidad de la información que produce el Estado”, explicó Belmonte.

“Los problemas están relacionados con los funcionarios que deben comprender que la información es pública, que no les pertenece, y que tiene que existir un proceso de transmisión y de comunicación de la información, no sólo con los ciudadanos sino también con los otros poderes y dentro de las reparticiones del Ejecutivo”, opinó.

Dentro de esta temática, las redes sociales ocupan un papel trascendental y, en este sentido, Belmonte dijo que “hay que ser cuidadoso con la información que se transmite porque puede generar un efecto en cadena a partir de un dato erróneo”.

Por todo esto, es que recalcó que la calidad de la información es un desafío y una responsabilidad de todos los que tiene el poder de la palabra.