El radicalismo presentó su propuesta de Ley Impositiva. Los radicales quieren bajar los impuestos provinciales a las actividades productivas y comerciales, y subírselos a la minería, el petróleo y a bancos y financieras. La UCR hace su propuesta a un mes de que el Poder Ejecutivo mande su iniciativa a la Legislatura y recordando el revuelo que se armó el año pasado cuando Francisco Pérez subió las alícuotas de Ingresos Brutos.

La historia reciente de la estructura impositiva mendocina ha sido bastante conflictiva. A fines de 2010, Celso Jaque mandó su ultima Ley Impositiva a la Legislatura y en ese proyecto se preveía un incremento de las alícuotas de Ingresos Brutos, amén de eliminar la tasa cero que beneficiaba a la construcción.

Un año después, Francisco Pérez volvía a repetir la fórmula para su primera Ley Impositiva. La necesidad de mitigar el déficit fiscal era suficiente argumento para volver a incrementar alícuotas de Ingresos Brutos. Con Jaque, las quejas por el incremento fueron apenas por los medios. Con Pérez, los "perjudicados" se apersonaron por la Casa de las Leyes en dos ocasiones, para manifestar su desagrado a los legisladores que debían tratar y aprobar el paquete de leyes económicas.

El casi conato de rebeldía manifestado por empresarios y profesionales constituyó una rareza, teniendo en cuenta que no se trataba de sectores tradicionalmente combativos, sino de dirigentes en su mayoría cultores del bajo perfil y del diálogo.

El listado de levantiscos incluía al Consejo Empresario Mendocino, la Federación Económica de Mendoza, la UCIM, Apyme, la Unión Vitivinícola Argentina, la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas, Asociación de Industrias Metalúrgicas (Asinmet), Asociación de Empresas Hoteleras y Gastronómicas (Aehga), las cámaras Olivícola, la de Comercio Exterior, los Exportadores de Ciruela, la de Gráficos, la de Fruta Industrializada y el Centro de Viñateros y Bodegueros del Este.

Con estos antecedentes es que los legisladores del radicalismo hacen su propuesta y buscan provocar el debate por la política impositiva en Mendoza. Es claro que también se espera que el Poder Ejecutivo repita la estrategia, porque el contexto de crisis y déficit fiscal no ha cambiado.

Sin embargo, desde el Gobierno la respuesta fue el silencio. Desde el ministerio de Hacienda se informó que no iban a dar opinión de la iniciativa radical.

¿Qué dice la propuesta de los herederos de Alem? La alícuota de Ingresos Brutos a la explotación de minas y canteras debería subir del 4% al 5%; mientras que para la producción de petróleo crudo y gas el impuesto debería subir del 4% al 6%.

La propuesta en estos dos rubros resulta llamativa. Por el lado de la minería, hay una clara intencionalidad de morder algo más de un negocio que deja poco a la Provincia, teniendo en cuenta que las regalías son del 3% y el recurso mineral no se renueva; por el lado del petróleo, resulta interesante teniendo en cuenta de que el radicalismo plantea este incremento en una actividad que en Mendoza la recientemente nacionalizada YPF es dominante.

El otro ítem en el que los de la UCR quieren incrementar la alícuota es a los servicios financieros (del 5,5% al 6%) y a los servicios técnico-profesionales vinculados a la explotación petrolera y gasífera (del 3,5% al 4,5%).

Por el contrario, las propuestas de las bajas de alícuotas van a la industria manufacturera (del 1,5% al 0,5%); al consumo domiciliario de agua, gas y electricidad (0%); a la construcción (del 4% al 2%), al comercio mayorista (del 4% al 3%) y al minorista (del 3,5% al 3%) y a los rubros vinculados al turismo, como expendio de comidas y bebidas (del 4% al 3%), a los servicios de alojamiento, comida y hospedaje (del 4% al 1,5%); y a las agencias de turismo (del 4% al 1,5%).

Todas estas modificaciones apuntan a tender a "una estructura impositiva progresiva y a defender el bolsillo de los consumidores", dijo el senador César Biffi.

De acuerdo a las cuentas que sacan los radicales, de haberse aplicado estas alícuotas durante este año, la provincia apenas hubiera perdido 140 millones de pesos, cifra que "no resulta significativa si tenemos en cuenta que por ingresos brutos se recaudan 3.600 millones de pesos", explicó Biffi.

Pero, además, para los radicales esto constituye una política anticíclica dado que estas bajas estimularían la actividad económica y eso impactaría de lleno en la recaudación. El concepto es que haya más plata en la calle y que se mueva; por otro lado, al bajar la alícuota se bajaría la evasión, así como también se trata de una política que atacaría la pérdida de empleos.