Fue uno de los temas que en 2012 convocaron a especialistas a la Legislatura. Cada sector de la comunidad educativa realizó un aporte para que Mendoza tuviera una ley de educación integral. El primer boceto apareció en mayo y en setiembre se esperaba celebrar el Día del Maestro con una nueva ley. Pero no pudo ser. Así, el destino de cientos de horas de trabajo de legisladores y docentes es hoy incierto, por un presupuesto que ya está cerrado y las elecciones legislativas en medio.

Así lo reflejan quienes integraron la Bicameral de Educación que trabajó durante siete meses. “No sabemos qué pueda pasar. Hicimos todo lo posible y los ajustes que se aplicaron al proyecto nos llevaron a caer en el embudo de fin de año, donde la agenda en la Legislatura se dedicó a atender sólo lo urgente”, dijo la senadora Ana Coppoletta (UCR).

Una vez que la Bicameral logró ultimar detalles y dejarlo prolijamente ajustado, el proyecto pasó a Senadores. Esto fue en los últimos días de diciembre, cuando muchos ya le habían perdido el rastro. Sin embargo, allí se apresuraron a convocar a un plenario para que fuera revisado íntegramente por todas las comisiones.

Pero hoy la ley se encuentra con dos obstáculos difíciles de sortear. El primero de ellos es de orden económico, porque varios puntos del proyecto exigen infraestructura y capacitaciones que no se encuentran incluidas dentro de la partida presupuestaria aprobada en diciembre.

El segundo –no menos importante– es el año electoral. Será difícil que los bloques de ambas cámaras coloquen el rótulo de prioritario a un tema que tiene poco rédito en las urnas. “Estas cuestiones políticas hacen que no sepamos qué va a pasar con esta ley. Yo elijo el realismo por sobre el optimismo: no creo que tengamos una ley pronto”, dijo Coppoletta, que preside la Comisión de Educación en la Cámara Alta.

Quienes han trabajado en la elaboración de la norma –en su espíritu sigue a la Ley 26.026, de orden nacional– confían en que los legisladores la apoyen y que vea la luz en 2013. “Como todo lo que trasciende banderas políticas y busca un gran impacto a futuro, sería importante para Mendoza. No vamos a perder la fe y haremos lo que esté al alcance para que la comunidad educativa cuente con esta herramienta que fue muy trabajada”, dijo Teresa Maza, diputada del bloque de Alem.

Una aplicación gradual

El Consejo Federal de Educación es la instancia que persigue que las provincias vayan adaptando sus sistemas educativos, en cumplimiento de la 26.026.

Tratado desde agosto del año pasado, el proyecto provincial utiliza la normativa nacional a modo de columna vertebral. Esto quiere decir que los puntos centrales deberán ser aplicados en Mendoza.

Aquella columna habla de un secundario obligatorio, con un nivel básico que alcanza 1º y 2º año, los años restantes –hasta 5º y 6º según la modalidad– y el resto de los años aplicados en orientaciones. Algo similar ocurre con el Nivel Inicial, en el que las salitas de 4 y 5 años también serán obligatorias.

Otra de las grandes novedades es la creación de un Consejo de Educación Técnica que tendría el objetivo de administrar todo lo relativo específicamente a las escuelas técnicas. Es una herramienta con la que hasta ahora no se cuenta y que busca apuntalar una de las patas flojas de la educación en los últimos años, como son las instituciones técnicas.

“Es cierto que lo más importante del proyecto se aplica actualmente, por añadidura de la ley nacional. Pero las capacitaciones permanentes para que los docentes sumen puntaje y aspiren a cargos superiores implican el insumo de recursos”, finalizó Coppoletta.