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La DGE no tiene protocolo para casos de abuso sexual y busca elaborar uno

Uno - Martes 20 de agosto de 2013

Antes de oficializarlo consultará a docentes y directivos. Ahora conviven cuatro modalidades que confunden más de lo que orientan. Los expertos apuntan a la prevención.

No son nuevas las denuncias sobre abuso sexual en las escuelas. Pero si hubo una gota que rebalsó el vaso, fue el episodio que salió a la luz la semana pasada, en el jardín Cristo de la Frontera, de Las Heras. Allí, una maestra fue  separada de su cargo luego de que los padres de dos niños de 4 años la denunciaran por "manosear" sus partes íntimas.

Frente al caso que, por su gravedad, tomó carácter público, el Gobierno provincial aceleró el proceso de elaboración del nuevo protocolo para casos de violencia escolar y abuso sexual. El documento, luego de varios meses de idas y vueltas, sería el que la Dirección General de Escuelas (DGE) estaría preparando para difundir entre los supervisores de las escuelas este jueves. Para el miércoles 28 también está prevista una presentación pública en la comunidad  educativa, en el contexto de una "jornada de reflexión institucional" destinada a los docentes y directivos de todas las escuelas. El objetivo es que exista la posibilidad de que estos lean el protocolo y opinen al respecto. Hasta podrán  aportar ideas que "enriquezcan" la medida gubernamental, según afirmaron ayer desde la Dirección General de Escuelas.

El mismo viernes, la DGE enviará el material a todas las instituciones educativas para que "se vaya haciendo una lectura previa de las ideas que pensó el Gobierno para unificar criterios en temas de maltrato escolar y abuso sexual",  explicaron desde el organismo.

DE QUÉ SE TRATA EL NUEVO PROTOCOLO. Según María Rosa Sfeir, directora de Orientación y Apoyo Interdisciplinario a las Trayectorias Escolares  (Doaite), el protocolo aborda varias áreas, pero los dos ejes principales son el maltrato escolar y el abuso escolar. "Ambas son tomadas como situaciones emergentes. Cuando hablamos de violencia, hablamos sobre violencia entre alumnos, ciberviolencia, de padres a docentes y viceversa. Cuando hablamos de  violencia sexual, es lo que sucede en las familias, afuera de las familias y en las escuelas. Lamentablemente, hoy, este tema forma parte de la realidad escolar y, en ese aspecto, apuntamos a que todos los actores de la comunidad escolar sepan qué hacer, cómo actuar, adónde recurrir y cómo", explicó la funcionaria, aunque prefirió mantener silencio pues sostuvo: "No tengo el visto bueno de toda la comunidad escolar".

Los pasos sobre cómo actuar en caso de consumo de drogas y hasta cómo comunicar los casos a los medios de comunicación también estarán especificados en el nuevo documento.

Desde el Ejecutivo esperan presentar formalmente el protocolo en la primera semana de setiembre.

MUCHA INFORMACIÓN DESINFORMA. En la actualidad no hay un protocolo uniforme ni que oriente a la comunidad educativa. Es peor aún, porque hay varias alternativas y lo decide cada directivo o supervisor. El propio jefe de Gabinete  de la DGE, Lauro González, admitió que la superposición de procedimientos para actuar en casos de abuso sexual "puede resultar mucho más confusa para la comunidad educativa". De hecho, el jefe de Gabinete destacó como "una  necesidad" la presentación del nuevo protocolo.

Por un lado, el especialista Alejandro Castro Santander asegura que "no existe un protocolo oficial de la DGE, sino que existen caminos legales que la trascienden pero que tampoco son bien difundidos como debe ser en cada colegio". El  experto, ex consultor del Gobierno provincial en cuestiones educativas y asesor internacional en estos temas, aseguró: "Más allá de que exista un caso de abuso sexual, se hace foco en la consecuencia y no en la prevención. ¿Quién  forma a los formadores? No hay capacitación seria y se habla por lo que se siente".

En esa línea, la psicopedagoga Cristina Reta señaló que en la escuela donde trabaja "existe una suerte de convenio, pero no fue elaborado por la DGE, ya que pertenece a otras áreas, como Desarrollo Social y Salud. En ese sentido, las  trabajadoras sociales tienen muy claro cómo actuar. Eso sí, no está al alcance de todos los actores escolares". Esto es, dirigirse al Grupo de Alto Riesgo del Hospital Notti para realizar pericias psicológicas y físicas del niño y acudir al  Organismo Administrativo Local (OAL) que puede denunciar cualquier caso donde se vulnere el derecho del niño.

De hecho, en Mendoza rige la Ley de Protección de Integridad Sexual, cuyos artículos también han modificado al Código Penal. Si bien es útil como marco legal para conocer qué se considera delito sexual o no, muchos aseguran que  sólo brinda un marco general y no contempla especificidades en materia escolar.

Por otra parte, algunos docentes del SUTE aseguran que también existe un régimen de actuación que rige desde 1965 y que, claro, "está muy desactualizado". Según el propio el titular del SUTE, Adrián Mateluna, "si la DGE no convoca  a los docentes para consensuar un protocolo, es un error. Si bien tiene apuro en presentarlo, debería construirlo junto con los docentes".

EL CASO DE LAS HERAS Y VARIOS MÁS. El último hecho de abuso sexual se  suscitó la semana pasada en Las Heras, cuando los padres denunciaron a una maestra jardinera por "tocar" a los niños en sus partes íntimas. El suceso  se propagó en forma viral por todos los portales de noticias del país y también aceleró la gestión de la DGE. El colegio separó de sus funciones a la maestra hace unos días, pero lo grave es que ya existía una denuncia realizada en la  Fiscalía hecha por los propios padres. Una vez más, no hubo un protocolo para actuar ante un caso de extrema gravedad.

Lo mismo ocurrió en el colegio Paroissien, del barrio Sanidad, de Ciudad, donde hubo abuso sexual entre alumnos. Fue la directora de la escuela quien tomó cartas en el asunto en julio, aunque el hecho sucedió en marzo y ella se enteró  en mayo. "Me enteré a fines de mayo y enseguida convoqué a los padres para aclararles lo sucedido con mucho cuidado. Además, en forma simultánea, cité a todas las autoridades de la DGE, de Supervisión y de Seguridad para que  estuviesen al tanto y actuaron rápido", contó, entonces, Fabiana Robles.

El silencio institucional allí fue muy similar al que ocurrió en la escuela Marianetti, de Luján de Cuyo, donde una niña fue golpeada y amenazada de ser abusada por sus propios pares. La Justicia intervino por la gravedad del hecho. Además, los padres de una de los agresoras no aceptó la recomendación del pase escolar, por lo que esta se quedó en el mismo curso y en el mismo horario que el de la agredida, ya que esa escuela cuenta con un sólo turno.

Para la DGE, el problema de violencia escolar y abuso sexual no es sólo responsabilidad exclusiva de la escuela, sino también de los padres. "Esta realidad nos interpela a todos", afirmó la funcionaria y explicó que, en casos de abuso sexual, hasta tanto se lance el nuevo protocolo, hay que hacer la denuncia a la fiscalía más cercana a la escuela y, simultáneamente, denunciar el caso en Salud Mental de la Provincia y en la Dirección de Protección de Derechos  Humanos. 

Pasividad judicial

A pesar de que la denuncia penal fue hecha por los padres del nene que mostró los primeros signos de ser víctima  de un abuso sexual, el fiscal de Las Heras, Fernando Giunta,  recién tomó medidas concretas luego de que el caso  se hiciera público en los medios de  comunicación. Casualmente, un día después, decidió formalizar la acusación. Desde la denuncia original hasta la imputación de la docente pasaron cuatro meses. Y se cree que en durante ese tiempo se dieron otros hechos similares en el mismo jardín y con la misma maestra.

Foco de las críticas

A fines de julio, un grupo de maestros y profesores, denominado Docentes de Mendoza, tuvo acceso al primer escrito del protocolo que será difundido el jueves por la DGE. El mismo fue considerarlo "muy  laxo con el alumno y no con el profesor", según los educadores. En ese  entonces, el borrador –tal como aclaró luego la DGE– hacía hincapié en los casos de  violencia escolar, aunque, con el caso de Las Heras, en el que una maestra de un jardín fue  acusada de abusar sexualmente de dos niños, le habrían sumado apartados específicos para  orientar sobre cómo proceder en estos casos. Desde la Subsecretaría de Planificación Educativa de la DGE, Lidia Sandes pidió "paciencia por unos días hasta que se terminen de realizar todas las modificaciones que se vienen haciendo. Lo que se difundió en forma informal es apenas un borrador". El jueves 29 se presentará públicamente.

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