Con la seguidilla de muertes violentas vinculadas al narcotráfico en Mendoza, y a raíz de la última polémica entre el Gobierno y el Poder Judicial, volvió a surgir la posibilidad de que la Provincia adhiera a la ley nacional 26052. A los proyectos que pueden encontrarse en la Legislatura, la posibilidad de darle competencia a los magistrados provinciales en causas de venta minorista ya se está estudiando en en la mesa de enlace por la seguridad, el ámbito de discusión conformado por los tres poderes del Estado. A tal punto que están esperando la referencia de funcionarios de Córdoba, donde se aplicó esta medida desde 2012 para decidir si avanzan con la implementación.

La ley 26052 es una modificatoria de la 23737 -establece que el delito de narcotráfico es competencia de la Justicia Federal-, y permite a las justiciales provinciales abordar causas vinculadas al comercio de sustancias prohibidas a partir de la adhesión a la norma. Con una salvedad: la modificación apunta a la venta directa al consumidor, es decir, que los jueces provinciales solo pueden atender los pequeños quioscos, el llamado narcomenudeo.

Hasta el momento, sólo dos provincias han adherido a la ley nacional, Córdoba y Buenos Aires -pionera, lo hizo en 2005-. A la luz de la experiencia, las objeciones son varias, pero en Mendoza el debate ya se está dando en los ámbitos oficiales, fundamentalmente a partir de lo ocurrido en los barrios del oeste de Godoy Cruz y el fenómeno de la Yaqui y sus Angelitos.

La mesa de enlace consultará a funcionarios cordobeses

Según confiaron, en el Gobierno no han analizado la alternativa en el último tiempo. Por el momento, desde el Ejecutivo apuestan principalmente a mejorar la articulación con la Justicia Federal en lugar de la desfederalización o "partición" de las causas judiciales. Fundamentalmente, porque los delitos por narcotráfico están vinculados a otras causas en las que tienen competencia los jueces provinciales -como los homicidios-.

Para la subsecretaria de Justicia, Romina Ronda, la adhesión a la ley nacional no es una buena medida. Por el contrario, "la desfederalización, lo único que hace es favorecer la impunidad de los grandes proveedores", apuntó. Ronda se alista detrás de una de las principales críticas a la iniciativa y es que el peso recae principalmente en el pequeño distribuidor o vendedor, lo que no impide que la cadena de comercialización se rompa o discontinue.

Donde sí se ha discutido es en la mesa de enlace, el ámbito conformado por el Gobierno, la bicameral de Seguridad, la Corte, la Procuraduría General y la Justicia Federal, que busca consensuar políticas en materia de seguridad.

El ministro Leonardo Comperatore aseguró que la adhesión a la ley 26052 es el primer tema que se está estudiando en esta instancia de diálogo entre funcionarios, jueces y legisladores. Para la semana próxima se espera que lleguen a la provincia funcionarios de Córdoba del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico para explicar cómo resultó la experiencia en la provincia mediterránea. "Estamos en pleno debate y queremos ver si realmente conviene", afirmó el titular de Seguridad, sin arriesgar a priori una postura personal.

En diciembre pasado, el senador macrista Gustavo Cairo presentó el último proyecto de adhesión, donde además propone crear juzgados y fiscalías dedicados específicamente a causas sobre narcotráfico. Cairo indicó que el proyecto tuvo buena recepción por parte del ministro Comperatore.

Sin embargo, el legislador de la oposición también apuntó que en el Gobierno hay divergencias ante la posibilidad de que Mendoza adhiera, pese al reclamo público que Pérez lanzó contra los fiscales de Godoy Cruz, a los que calificó de "inoperantes" en aquella oportunidad.

A favor y en contra

Aunque es conocido por sus posturas sobre la mano dura, otro de los que rechaza esta medida es el diputado justicialista Daniel Cassia. El legislador sostuvo que ya fracasó en Buenos Aires y que si se aplica en Mendoza provocaría "una anarquía en cuanto a las competencias", señalando a su vez que sería necesario primero determinar qué sería una pequeña causa. Para Cassia, la adhesión implicaría que los ámbitos judiciales se estén pasando la pelota.

"Ya hoy, sin la adhesión, existe dificultad. Además, el 100% de las causas de la Justicia Federal son por menudeo. Debe ser un solo juez el que investigue", afirmó. En la línea del Frente Renovador, Cassia cuestionó que el proyecto de reforma del Código Penal -que ayer fue revelado por el massismo- baje el mínimo de la pena en delitos como el tráfico de drogas a 3 años.

Pese a las críticas, Cairo señaló que en Córdoba -donde estuvo el año pasado observando el funcionamiento de la policía judicial- la adhesión a la ley 26052 "ha sido una buena experiencia, porque la Justicia Federal en esa provincia era muy garantista. Para otorgar un allanamiento, ponía mil peros. No estaba resultando eficiente y por ello crearon un foro contra el narcotráfico", explicó.

También favorable a esta posibilidad se mostró el diputado nacional Luis Petri y recordó que estuvo entre las propuestas electorales de la UCR en la última campaña electoral.

"Es imprescindible contar con mayor cantidad de decisores y de investigadores para enfrentar el narcotráfico", afirmó el legislador radical, especialista en seguridad. "Ahora solo tenemos dos jueces federales, y con la adhesión podría tener toda la justicia penal abocada, o fueros específicos", agregó.

Para Petri, la competencia que tendrían los magistrados mendocinos en las consideradas pequeñas causas, constituyen "la punta del ovillo para atacar a las organizaciones criminales".

Los efectos de la adhesión

La adhesión también cuenta con detractores en las provincias donde se aplicó. Entre los principales cuestionamientos, se señala que el aparato policial y judicial se termina focalizando en el consumidor. Esto va a contramano de fallos judiciales donde ya se ha despenalizado la tenencia para consumo personal y sobre el usuario ahora reposa una mirada sanitaria. Por otra parte, también se cuestiona que la intervención judicial en las pequeñas transacciones haya generado una gran cantidad de causas en los tribunales, un embudo al que apenas un manojo llega a a juicio.

Los que apuestan a la adhesión piden más refuerzo en materia de recursos del Gobierno nacional para las policías provinciales, que son las que investigan y trabajan junto a la Justicia Federal en casos de narcotráfico.