Este miércoles, María del Carmen San Martín y Gonzalo Valdés, coordinadora y miembro del Equipo Interdisciplinario de Adopción del Registro Único de Adopción (RUA) de Mendoza, se reunieron con el senador radical, Armando Camerucci y autoridades legislativas con el fin de planear estrategias para paliar la problemática del tráfico de niños. La necesidad de un encuentro se disparó luego de las declaraciones de San Martín en las que señaló que no es su función denunciar casos de este tipo dado que, generalmente, no cuenta con la documentación necesaria para hacerlo.

"La reunión se realizó en buenos términos. Lo que expliqué es que las declaraciones que escuchó Camerucci no son nuevas, vengo diciéndolo hace muchos años. No siempre tenemos elementos concretos para realizar denuncias de este tipo, cuando las tuvimos- en tres ocasiones- las hicimos en las Fiscalías correspondientes", señaló San Martín.

La funcionaria agregó que el tráfico de bebés crece cada vez más dado que es un "negocio delictual que incrementa por la necesidad de mujeres de tener un bebé y, por este motivo, los niños se venden", señaló. Luego, explicó que debido a que muchos recién nacidos se pierden en negocios ilegales de compra y venta, aumenta el número de familias en la lista de espera del Registro Único de Adopción. Actualmente son aproximadamente 550 las personas que aguardan pacientemente para concretar el sueño de tener un hijo.

"La espera es de 7 años y siempre manejamos un número similar de aspirantes porque mientras se van vinculando padres con niños, se van anotando nuevas personas al registro. En promedio, 55 chicos se dan en adopción por año", expresó.

En el encuentro, Valdés agregó que los casos de "tráfico de niños" desde el 2001 al 2010 que se publicaron en distintos medios gráficos corresponden a efectores públicos, pero la mayor cantidad de venta de bebes se da en los efectores privados donde no hay ningún tipo de control. Agregó que el traspaso de niños existe de manera numerosa, pero a la Justicia no llegan estas denuncias.

En cuanto a la prevención o las medidas para intentar reducir el tráfico de niños, San Martín explicó que se deben aplicar diferentes políticas como capacitar a profesionales en los centros de salud con maternidad en conflicto para que notifiquen en caso de que una madre quiera dar a su hijo. "También debe existir un cambio social para que no se estigmatice a la mujer que quiere dar a un bebé en adopción porque, de lo contrario, se las obliga a ejercer una maternidad obligada y después esos chicos llenan Conin con historias de abandono o maltrato", concluyó.