Comenzó ayer el tercer juicio que se desarrolla en la provincia por delitos de lesa humanidad en los tribunales federales. Se procedió a la lectura de los expedientes de las seis causas y, desde la parte acusatoria, solicitaron prisión preventiva para los imputados. En total son juzgados diez ex integrantes de las fuerzas de seguridad durante la última dictadura militar. Tres de estos estuvieron presentes en los tribunales federales de Mendoza: Fernando Morellato, Aldo Bruno Pérez y Ricardo Miranda Genaro.

Mientras, el resto siguió su juicio vía teleconferencia. Una desde Rosario, con Francisco Alsides Paris y Dardo Migno; otra desde Comodoro Py, con Ramón Puebla, y la tercera desde el segundo piso de los tribunales mendocinos, con los imputados Juan Antonio Garibotte, Juan Agustín Oyarzábal y Armando Fernández, bajo cuidados médicos. El único procesado que no se hizo presente fue Paulino Furió, ya que está internado.

Cerca de las 10, el tribunal, presidido por Juan Antonio Macías y secundado por Jorge Roberto Burad y Alejandro Nosetti Achaval, comenzó con la lectura de los expedientes ante un recinto que lucía repleto. Además, en las afueras del edificio se instaló un televisor que transmitía lo que ocurría dentro. Allí se apostaron cerca de 80 personas, en su mayoría, jóvenes militantes de distintas agrupaciones. Pasado el mediodía se procedió a un cuarto intermedio, que duró alrededor de 40 minutos, y luego, el juez Macías autorizó a Oyarzábal y a Migno a retirarse de la conferencia, debido a problemas de salud.

La próxima instancia sería reanudar el debate, pero la fiscalía requirió una intervención. El discurso del representante del Ministerio Público, Dante Vega, giró en torno a dos ejes: el cambio de carátula en cuatro causas y el pedido de prisión preventiva para los imputados. Con respecto al primer punto, se solicitó que tengan en cuenta una serie de agravantes con respecto a la privación abusiva de la libertad, como son las amenazas realizadas y la duración del tiempo retenido. Lo mismo ocurrió con la desaparición forzada de personas, a lo que el fiscal solicitó que sea tenido en cuenta como homicidio agravado.

Luego recordó que sólo Furió, Migno, Alsides Paris y Oyarzábal se encuentran en estado de prisión domiciliaria, por lo que pidió la misma categoría para los seis imputados restantes. "Con esto evitamos que los nostálgicos del terrorismo de Estado amenacen a la familia de un juez de este tribunal", dijo, en alusión al llamado telefónico intimidatorio que recibió el juez Burad el miércoles.

La querella se adhirió a los pedidos de Vega. Pablo Salinas, abogado del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, manifestó que "mantener a los acusados libres es desmerecer los atroces crímenes que cometieron". También advirtió que, con esto, se evitarían posibles casos de fuga, recordando al destituido juez Otilio Romano, quien se encuentra en calidad de prófugo en Chile.

"Ellos enterraron los cuerpos de nuestros compañeros para tener impunidad y llegar libres hasta esta instancia. Es lo mismo que hacía la Alemania nazi", argumentó Salinas. Ante el pedido de la contraparte, los defensores pidieron que se prolongue el plazo para armar una nueva defensa, lo que fue aceptado por el tribunal. De esta forma, hoy comenzará el debate, pero sólo se escucharán las premisas de la fiscalía y la querella, en tanto, los acusados tendrán una semana más para exponer su parte. Con respecto a la solicitud de detención inmediata de los imputados, Salinas se mostró expectante ante una posible resolución del tribunal, aunque admitió que "es complicado".

Jóvenes militantes y familiares de las víctimas, presentes

Ayer, jóvenes militantes, familiares de víctimas y diversas autoridades gubernamentales le dieron el marco al comienzo del tercer juicio por crímenes de lesa humanidad en Mendoza cometidos durante la última dictadura militar. En los tribunales federales se ubicó una gran cantidad de chicos bajo los estandartes de organizaciones militantes, como el Movimiento de Integración Latinoamericana de Expresión Social (MILES), Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS) y La Cámpora. Estos últimos llegaron marchando y entonando canciones contra los represores.

Los grupos poblaron de banderas la fachada del edificio de avenida España y, si bien hubo menor convocatoria que en el juicio anterior, cerca de 80 personas presenciaron el proceso judicial desde fuera, donde había una pantalla con las imágenes de lo que ocurría en el Tribunal Oral Federal 1. Algunas personas vendieron remeras con mensajes alusivos a los genocidios cometidos en la provincia en manos de las fuerzas militares. Incluso, hubo radios comunitarias, como La Mosquitera, que realizaron la transmisión en vivo del proceso judicial.

Los familiares de las víctimas tenían carteles de los desaparecidos y escucharon con atención lo que sucedía dentro del recinto, que lucía repleto. Entre estos, se destacó la presencia de María Domínguez, integrante de la agrupación Madres de Plaza de Mayo de la provincia. También estuvo la subsecretaria de Derechos Humanos de la Provincia, María José Ubaldini, quien dijo estar orgullosa, porque "es un logro como sociedad".

"Es increíble que pasemos de un Jury contra la Cámara Federal en el 2010 a enjuiciar a los represores", agregó. Por su parte, el magistrado de la Corte provincial, Mario Adaro, declaró que "esto es la consolidación del derecho político en la democracia. El próximo paso será avanzar en lo relativo al derecho social y económico". Al finalizar la jornada, uno de los imputados, Fernando Morellato, emprendió el regreso a su casa por el miedo a los militantes, que comenzaron a cantarle: "Como a los nazis, les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar". Ante esto, familiares del acusado realizaron gestos contra los jóvenes, pero el enfrentamiento no pasó a mayores.