Está claro que no hay mucho más que decir respecto de la reforma política. Está claro también que las definiciones no serán muchas y que la cuestión se votará el 5 de diciembre. Frente a la parálisis que se vive en la Casa de las Leyes es que ayer apareció como una bocanada de aire fresco que se abriera la discusión a otras iniciativas, a otras instancias. El oficialismo pidió el tratamiento de tres leyes que siempre presentó como prioritarias y tal parece que al menos dos las tendrá casi seguro.

Las tres leyes que pidió son Autarquía judicial, Agencia de Recaudación y el estatuto de la Empresa Mendocina de Energía (Emesa). El pedido incluye un plazo: tres semanas. Curiosamente, esas tres semanas se cumplen el 5 de diciembre, el mismo día que debería tratarse la reforma política.

Desde la oposición, hay una negativa cerrada a aprobar el mentado estatuto de la empresa, pero hay voluntad de dialogar en las otras dos y con algunas modificaciones o precisiones es muy probable que vean la luz en los plazos previstos.

El problema es que la Legislatura aparece virtualmente paralizada. Hay dos temas que acaparan la atención:, uno en Diputados y otro en el Senado. En la Cámara baja están las leyes que conforman el paquete de la reforma política: desdoblamiento de las fechas de elecciones de cargos nacionales y provinciales, la boleta única, el financiamiento de las campañas y las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). Este paquete es impulsado por la oposición.

En la Cámara alta está la otra reforma, la que empuja el oficialismo: la reforma constitucional. Estas dos reformas son las que acaparan toda la atención y así es que no hay otros debates.

Entonces, la idea que se baraja es hacer avanzar otros temas de gestión y salir de la parálisis, más allá de todas rispideces que se produjeron y producirán por estos dos temas que han generado todas las peleas políticas del último mes.

En el oficialismo se especula con que el Ejecutivo mandará a la Legislatura las leyes de avalúo e impositiva en la primera semana de diciembre (ver aparte). Para ese entonces quieren tener aprobadas estas tres leyes que el propio gobernador Francisco Pérez considera prioritarias.

"El Gobernador ha pedido estas tres leyes. La más importante es el estatuto porque, con la empresa funcionando podemos otorgar las áreas que faltan por licitar y asociarnos con empresas petroleras, algunas chinas, por ejemplo", explicaba el presidente de la Cámara de Diputados Jorge Tanús (PJ).

Pero este plazo coincide con el otro, el acordado entre oficialismo y oposición para el tratamiento de las leyes de la reforma política. Así es como los tiempos se van ensamblando y la actividad se agiliza, como para calentar motores de cara al gran tema del fin de año: Presupuesto 2013.

En la mañana de hoy los presidentes de bloque de diputados volverán a verse las caras. Es que ayer el PD pidió un tiempo para hacer consultas internas. Hoy habría definiciones acerca de la agenda que se viene en Diputados para las próximas tres semanas.

La cuestión es que la reforma política seguirá corriendo su destino al 5 de diciembre. Si todo sale como se especula, obtendrá la media sanción, en caso de que el PD y la UCR logren mantener el acuerdo político que sellaron a principios de junio pasado (ver aparte).

Ese destino está estrictamente vinculado al oxígeno político que logre la reforma constitucional. Los números no han cambiado. El tándem UCR-PD tiene los votos para aprobar las leyes de la reforma política el 5 de diciembre, pero en el Senado el PJ tiene los votos para bloquearlas. El oficialismo, que empuja la modificación constitucional, sabe que para aprobar la ley que declara la necesidad de la reforma necesita dos tercios del cuerpo que los tiene en el Senado, pero no los tiene en Diputados.

Puestas las cosas en esos términos, ninguna de las dos modificaciones verá la luz. A no ser que hechos ajenos les den otro aire. "Si quieren que les habilitemos la reforma constitucional, levantamos a cinco de los nuestros de sus bancas y la sacan. Después, nosotros militamos el No a la reforma en la elección que la ratifica y salimos ganando", decía un diputado radical. De hecho, el vicegobernador Carlos Ciurca estiró los plazos de la modificación de la Constitución hasta nuevo aviso después del 8N (ver la edición domingo de Los Andes)

Es que, desde hace una semana, está claro que el humor social va por otro lado y la reforma constitucional parece lejana. Justamente por el mismo motivo, es negocio político para el PJ desdoblar las elecciones nacionales de las provinciales. Por eso es que hoy el oficialismo no rechaza de plano la idea.

La UCR y el PD liman asperezas

Por ahora todos siguen reiterando sus latiguillos. El oficialismo dice que va a respetar lo acordado y el 5 de diciembre dará el debate por la reforma política. El radicalismo y el PD también. Los que en realidad tenían un problema que resolver son los dos partidos de la oposición. Es que después del amague de ruptura del acuerdo que hiciera el PD la semana pasada, flotaba en el ambiente la idea de que se caía todo lo que se venía construyendo.

La semana pasada, los diputados provinciales del PD, encabezados por el diputado nacional Omar De Marchi, salieron a denunciar que el radicalismo era lo mismo que el kirchnerismo y que ninguna de las dos fuerzas mayoritarias quieren modificar las reglas de juego electorales. Un exabrupto que hubiera sido un motivo de ruptura entre los dos partidos de la oposición, si no fuera que los únicos que salieron a decir esto fueron los demarchistas.

Un radical decía: "No está todo arreglado pero estamos limando las asperezas. Tuvimos un problema de comunicación, pero queremos charlar otra vez y no sólo de la reforma política, sino también del presupuesto"

Es que la reforma política es el fruto de ese acuerdo entre PD y UCR. Ese acuerdo que nació a principios de junio pasado y que los mantuvo unidos hasta ahora en la modificación de las reglas de juego electorales. La puesta en escena que hicieran los demarchistas pareció hacer tambalear ese acuerdo, para beneplácito del oficialismo.

Para el PJ no es problema que ambas fuerzas conformen un tándem de bloques legislativos invencibles en las cámaras, porque los números del Senado son favorables al PJ. Ni siquiera es un problema que impongan la reforma política (en el hipotético caso de que les alcanzaran los votos) porque hasta el PJ ya mira con cariño esa reforma, sobre todo después de las manifestaciones ciudadanas del 13S y el 8N.

El problema es que ese acuerdo trascienda en el tiempo y las confianzas se fortalezcan al punto de conformar un frente electoral. Ése si es un problema para las aspiraciones de conservar el poder que hoy ostenta el PJ.