"La guía para realizar abortos no punibles en Mendoza no es un tema debatible. Está avalado por la Corte Suprema de la Nación. El Ejecutivo local sólo quiere dilatarlo y, por eso, denunciamos ese atropello al derecho de la mujer". Con esta frase, Silvina Anfuso, titular del Movimiento de Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumala) y jefa del Área de la Mujer de Godoy Cruz, argumentó por qué hoy a las 11, unas 30 mujeres sentarán su denuncia en la Defensoría del Pueblo ante la demora de la puesta en marcha del Protocolo para el Aborto no Punible en la provincia.

La discusión se encuentra trabada por estos días en el Senado y desde la oposición aseguran que el oficialismo está dando vueltas sobre el asunto, tanto desde el ámbito legislativo como el Ejecutivo, cuya cara visible y responsable de aplicar el fallo nacional es la del ministro de Salud, Carlos Díaz Russo (ver aparte). En diálogo con El Sol, la encargada de Mumala invitó a los mendocinos para que se sumen a la denuncia del Mumala, ya que así "se podrá registrar un antecedente más importante aún", indicó.

"Esta denuncia apunta a exigir al Gobierno de la Provincia que ponga en marcha el protocolo para acceder al aborto no punible en aquellos casos que no son un delito, sino que está avalado por la ley", explicó la funcionaria municipal, quien aclaró que tal denuncia "no se plantea como una lucha, porque, de hecho, es un derecho adquirido". Anfuso hizo referencia al artículo 86 del Código Penal, que permite la interrupción de un embarazo en caso de violación o que se atente contra el pudor de una mujer demente o idiota o, también, en casos donde corra riesgo la vida o la salud de la madre embarazada.

Es que, si bien el aborto en estas circunstancias es legal, las mujeres aseguran que mientras la implementación de la Guía duerme en la Legislatura, siguen sucediendo los casos de violación en los que ellas no tienen derecho a decidir sobre su cuerpo. "Los médicos tienen miedo y piden permiso a la Justicia, por lo que todo se judicializa, por eso, es importante el fallo de la Corte Suprema, justamente, para evitar que casos que están contemplados por la ley se judicialicen y demoren el proceso en las mujeres embarazadas", agregó la titular de Mumala. De hecho, la Corte Suprema de Justicia de la Nación instó a las provincias a no judicializar los casos ya contemplados en el Código Penal y a adherir a un mecanismo homogéneo, en este caso, el Protocolo. Ante la falta de respuesta del Ejecutivo provincial, fue la Cámara de Diputados, de la mano de la radical Liliana Vietti, que impulsó la discusión para acelerar los tiempos. Allí se aprobó en pocos días y se envió al Senado, donde aún no se puede poner fecha de tratamiento.

Tal discusión no tiene nada que ver con aquella que aún se debe en el Congreso de la Nación, que es sobre la interrupción voluntaria del embarazo, (aborto gratuito, seguro y legal, según el lema de las organizaciones feministas y de Derechos Humanos). "No hay que debatir, hay que protocolizar el aborto no punible. Este tema no debería estar en el Senado, por eso, nuestra denuncia es contra el Ejecutivo, que no se hace cargo", dispara la responsable de Mumala, quien aclaró que la denuncia ante la Defensoría es por "la falta de un protocolo acorde al fallo de la Corte nacional", continuó la funcionaria de Godoy Cruz.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO, A FAVOR. Ricardo Puga (h) es el actual auxiliar administrativo de la Defensoría del Pueblo en Mendoza y quien recibirá hoy la demanda. Consultado por este diario, aseguró que el procedimiento legal, una vez que se sienta la denuncia, se envía a la Defensoría nacional del Pueblo, en Buenos Aires. "Desde lo personal, avalo absolutamente el reclamo de Mumala y, en lo legal, es totalmente adecuado, porque hay un fallo de la Corte Nacional que insta a implementar un protocolo, que se basa en una ley vigente", explicó Puga.

Si bien no hay un plazo estimado para la intervención del organismo a nivel nacional, Puga aseguró: "Todo dependerá de la línea que se tome desde Buenos Aires". La trascendencia de la denuncia tiene que ver con que se sienta un precedente, ya que se pide que la Nación intervenga en este caso y, en caso de algún problema, los responsables y los que tendrán que rendir cuentas son los denunciados, en este caso, el Ejecutivo provincial", completó Puga.

Traba en el Senado

El presidente del bloque de Senadores de la UCR, Armando Camerucci, admitió ayer que el proyecto para adherir al Protocolo en casos de abortos no punibles "sigue trabado por voluntad del oficialismo". De hecho, el radicalismo había propuesto tratarlo el 30 de este mes, pero Camerucci aseguró que desde el bloque oficialista lo rechazaron. "Este tema no debería ser un debate, porque es una cuestión legal", continuó el legislador, quien citó al ministro de Salud, Carlos Díaz Russo, para tratar el asunto en la Comisión de Salud el lunes, pero este no fue porque habría sufrido una descompensación gástrica. Esta semana, la UCR volverá a solicitar una fecha para tratarlo, "con o sin despacho" para el 15 de noviembre, aunque, por ahora, no hay señales de que pueda concretarse.