En su cruzada por mejorar la recaudación y lograr la ejecución de las multas impuestas a los comercios, el Gobierno provincial creó la Oficina de Apremio de la Dirección de Defensa del Consumidor, con el objetivo de dar “celeridad, eficiencia y eficacia” al cobro de las multas impuestas a los comercios.

El decreto N°1.099 asegura que la Oficina de Apremio dependerá de la Subsecretaría de Justicia y Relaciones Institucionales del Ministerio de Gobierno y, específicamente, tendrá a su cargo el cobro de los créditos provenientes de la aplicación de multas.

Para dimensionar la situación, los datos oficiales muestran que, durante el primer semestre del 2018 se recibieron más de 1.400 denuncias y se realizaron multas por alrededor de $1.700.000. La directora de Defensa del Consumidor, Mónica Nofal, recordó que, desde el 2001 al 2015, se impusieron $32 millones en multas y sólo se recaudaron $5 millones.

En detalle

A diferencia de lo que ocurría ahora, el decreto establece que cuando el expediente se haya generado en un municipio, y se cobre la multa vía apremio, se depositará 50% del valor en la Dirección de Defensa del Consumidor y el otro 50% en la cuenta de la municipalidad. Así está establecido en la ley provincial N°5.545 pero, hasta el momento, no se estaba implementando.

“Como los negocios saben que las multas no se ejecutan, no arreglan nada y no pagan”, explicó el subsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino. Con esto, el funcionario explicó que buscan “beneficiar” al consumidor, ya que, si no se logra conciliar y se les impone una sanción, los comercios deberán pagarla y tomarán conciencia al momento de cometer algún tipo de infracción que afecte a los consumidores.

Entre las funciones que enumera el decreto figura la fiscalización y el control de las gestiones administrativas y judiciales de cobro. Además, gestionará los apremios mediante las registraciones en los correspondientes sistemas, confeccionando un archivo por cada juicio de ejecución. A esto se suma la distribución de boletas de deuda a los recaudadores fiscales.

Este nuevo espacio estará a cargo de un profesional universitario con título de contador público nacional o abogado con una experiencia mínima en la profesión no inferior a los 5 años, perteneciente a la planta permanente, para no originar “mayores costos”, explica el decreto.

Además formarán parte de la oficina los recaudadores fiscales que designe la Subsecretaría de Justicia para cumplir con los objetivos. Es decir que se conformará un cuerpo de abogados ad hoc que no tendrán un sueldo, sino que cobrarán honorarios respecto de la ejecución de las multas, según aclaró el subsecretario de Justicia.

“Los abogados que trabajen van a cobrar lo que regula el juez por la ejecución del crédito y no podrán ser personas que trabajen para el Estado”, aclaró D’Agostino.

Para lograr todo esto, el Ministerio de Gobierno deberá disponer la creación de un sistema de gestión para implementar registros, legajos, auditorías informes y demás notificaciones que sean necesarias.