Las hermanas Caballero –Paola (31 diseñadora escenográfica) y Estefanía (27, técnica gastronómica)– son oriundas de La Consulta, un pueblo de San Carlos muy alejado de la ciudad que tuvieron que abandonar siendo adolescentes para estudiar una carrera universitaria. Así como ellas, muchos jóvenes nacidos y criados en zonas rurales pronto quedan desarraigados, ya que al finalizar sus estudios y convertirse en profesionales se ven obligados, por diversas dificultades de inserción laboral, a trabajar lejos de su lugar de origen.

Para contrarrestar esta problemática instalada históricamente en departamentos apartados como Tupungato, Tunuyán, Malargüe, Lavalle o Santa Rosa, recientemente se presentó en la Cámara de Diputados de Mendoza un proyecto de ley. Apunta a que los jóvenes profesionales que hicieron primaria y secundaria en una zona rural, y que al especializarse debieron alejarse, puedan volver a su comunidad a través de una propuesta concreta de trabajo.

Gustavo Arenas, titular del bloque de diputados del Frente para la Victoria y mentor del proyecto junto con el radical Fernando Barrigón, explicó: “Son muchas las dificultades que debe atravesar un joven recién recibido que quiere insertarse en el mercado laboral. Estas dificultades se potencian en el caso de los graduados provenientes de zonas rurales. Estos padecen las desventajas comparativas propias de las regiones de las que son oriundos: mayores distancias con los centros laborales, disminución de la demanda de servicios profesionales en su región de pertenencia, menos contactos y vinculaciones, entre otros”.

Por eso para el legislador la futura ley es primordial ya que “pretende ayudar a que los jóvenes profesionales acorten su tiempo de inserción laboral en su misma zona de origen, generando redes de contacto y abriendo una ventana en el sector público, donde pueden adquirir experiencia, competencias y habilidades”.

El programa apunta a potenciar la gestión y la administración de entidades públicas en las regiones rurales a partir del aporte que significará la inserción de los jóvenes comprometidos con su entorno y con un alto grado de responsabilidad social.

Para implementar este proyecto se destinarán fondos provenientes de las multas aplicadas por la Subsecretaría de Trabajo a los empleadores que infrinjan la ley contra el trabajo esclavo y la explotación infantil.
La necesidad de implementar este programa se basa en los resultados arrojados por las estadísticas del censo 2010. Si bien aún están sistematizándose muchos de estos datos , en 2001 ya era evidente esta problemática. Por ejemplo, en Lavalle sólo completó los estudios terciarios o universitarios el 2,2% de una población de 20.542. Lo mismo ocurre en Santa Rosa, donde sólo el 2,5% de 10.646 personas completó los estudios. Mientras ese porcentaje se elevaba apenas al 3,8% en Tupungato.