El gobernador Francisco Pérez y el ministro de Hacienda, Marcelo Costa, tienen frente a sí el difícil desafío de tener que pagar ingresos salariales aumentados un 28% (en Salud un 50%), en momentos en los que los ingresos del Estado proyectan una caída del 14%. El primer cuatrimestre de este año muestra un ritmo de ingresos que (de no modificarse) alcanzará a fines de diciembre únicamente 12.500 millones de pesos de los 14.600 previstos (14% menos).
Esto porque, a pesar del leve incremento proyectado de los recursos provinciales (0,2%) -se conseguirían 6.255 millones sobre 6.125 estimados- la caída es estrepitosa en los ingresos de origen nacional (-26%) y la proyección a diciembre indica que únicamente llegarían a la provincia 6.250 millones de pesos de los 8.478 millones esperados. 

En tanto, las erogaciones del primer cuatrimestre muestran que el Gobierno ya utilizó el 27% (3.700 millones) del total presupuestado (14 mil millones).

Esto lo mantiene aún por debajo del techo del gasto “aconsejable” al mes de abril (33%), lo que le aporta seis puntos de margen para enfrentar el segundo cuatrimestre. Pero el ritmo de gasto ha crecido fuertemente a partir de junio con la liquidación de los aumentos acordados en la mayor parte de las paritarias (sólo falta cerrar Judiciales).

Es un hecho que en junio (por el aguinaldo) y en julio (por los aumentos retroactivos) el Gobierno deberá abonar planillas salariales superiores a los mil millones de pesos por mes, cuando en abril esa cifra fue de 680 millones de pesos. Esto hace muy posible que tras dos meses de costo salarial de ese nivel, el Estado cierre un segundo cuatrimestre (en agosto) con un gasto superior al 66% “aconsejable”. Con el agravante de que si se mantiene el 14% de reducción de los ingresos, el porcentaje “aconsejable” bajará al 56% del gasto autorizado.

Desde el radicalismo, el senador César Biffi afirmó que el Gobierno “tendrá que enfrentar un costo salarial por aumentos de sueldo de 1.550 millones de pesos”. Y agregó que “en el mejor de los casos la Provincia terminará en el año en curso con un déficit mayor a los  2.400 millones de pesos”, al tiempo que cuestionó que el costo salarial del Estado mendocino “haya crecido al 62% del presupuesto, cuando en 2007 era del 55%”.

En tanto desde ATSA, su titular, Juan Carlos Navarro, fustiga el acuerdo salarial alcanzado por ATE y Ampros porque -según dice- “ha puesto en riesgo la seguridad del pago mensual de los salarios” de los empleados públicos. Y desde la Asociación Empleados del Poder Judicial, Carlos Ordóñez afirma que “si no hay fondos suficientes, habrá que declarar la emergencia y redistribuir los salarios”.

Los números fiscales no vienen acompañando a la gestión de Francisco Pérez, en momentos en los que enfrenta una triple embestida desde la oposición radical y demócrata que apunta a la seguridad, la producción y la hacienda. Los tres ministros de esas áreas, Carlos Aranda, Marcelo Barg y Marcelo Costa, tienen frente a sí pedidos de informes desde la Legislatura para esta semana.

Cifras ocultas

En la Casa de Gobierno existe una negativa total a mostrar los números oficiales del costo salarial -paritaria por paritaria- “hasta que no se cierren todas las negociaciones”, es decir, hasta que se llegue a un acuerdo con los judiciales. Se trata de la paritaria más trabada, con seis reuniones fracasadas, en pleno plan de lucha que incluye este fin de semana hasta el lunes a las 8 y que espera una nueva reunión -de pronóstico reservado- el martes a las 8.

La estimación de Los Andes -a partir de cifras oficiales y consultas extraoficiales- concluye que los docentes quedaron muy cerca de agotar el monto anual previsto en el presupuesto provincial 2012 para los salarios de los educadores (3.700 millones de pesos), cuando cerraron su paritaria en marzo con un aumento salarial promedio del 27%. Ahora, la situación se ha complicado para el Gobierno con el reclamo de la reapertura de la discusión salarial por parte del SUTE (tanto conducción como oposición) y la inminencia de un plenario que discutirá un plan de lucha para después de las vacaciones invernales.

La paritaria docente quedó descolocada tras el acuerdo alcanzado en la Salud por Ampros y ATE. Aquí, además de conseguir el 27% con el que cerró el SUTE, se agregó un 28% adicional (anualizado) mediante la incorporación al básico de dos ítems y -sobre todo- mediante el reconocimiento del riesgo psicofísico (un 70% de la asignación de clase) que se liquidará retroactivo a marzo a 8 mil agentes (la mitad del personal de la Salud) en la OSEP y los hospitales Central y Lagomaggiore.

El monto previsto para pagar salarios en la Salud (1.300 millones de pesos) trepó entonces hasta los 1.800 millones, es decir a la casi totalidad de la partida presupuestaria del ministerio (1.860 millones). Esto significa que -una vez más como en los últimos cuatro años- la partida de Salud se agotará antes de diciembre y necesitará de refuerzos presupuestarios para atender otros gastos (254 millones en bienes, 289 en servicios y 47 millones en transferencias).

El acuerdo del Gobierno con ATE y Ampros también complicó la paritaria de Judiciales, cuyo gremio pasó de reclamar el regreso al “enganche” a pedir “un aumento como el de la Salud”. En la paritaria de Tribunales, el Gobierno ha presentado una oferta salarial que tiene un costo de 668 millones de pesos, sobre un presupuesto total de 750 para el Poder Judicial. Pero aquí aún no hay nada acordado.

En tanto en la negociación salarial de la Administración Central -con aumentos en el básico del 45% a partir de blanqueos- se alcanzaron subas de ingresos de hasta el 30% entre las 4.500 personas que trabajan en la Casa de Gobierno, Vialidad Provincial, Guardaparques, Juegos y Casinos, Parques y Zoológicos, Epas, Iscamen, Hidráulica, Fondo de Transformación y Crecimiento e Instituto de Seguridad Pública.