El Frente para la Victoria en el Senado aprobó el proyecto Argentina Digital, que recibirá su sanción definitiva la semana próxima en la Cámara baja. El proyecto obtuvo 38 votos positivos, contra 21 negativos. A pesar de todas las modificaciones realizadas, muchas a propuesta de la propia oposición, los bloques de la UCR, Peronismo Federal, Unen y PRO rechazaron la iniciativa. Su argumento central fue que el “mercado seguirá concentrado en manos de las telefónicas”. En concreto, la iniciativa obligará a las telefónicas y cableoperadores a abrir sus redes para que otros jugadores, ya sean pequeñas cooperativas o pymes, puedan competir en igualdad de condiciones. En este punto radica la principal objeción de las telcos, hecho poco destacado por la oposición. La última modificación trascendente fue la incorporación de la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Aftic) como órgano de aplicación, que estará integrado por representantes del Poder Ejecutivo, las minorías parlamentarias, las provincias y la ciudad de Buenos Aires.

“¿Por qué la Presidenta (Cristina Fernández de Kirchner) decidió quitar a las telefónicas de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y ahora las incluye? Esto consolidará la concentración de mercado”, sostuvo el radical Luis Petcoff Naidenoff, escuchado atentamente por el secretario de Comunicaciones, Norberto Berner, quien estuvo presente durante toda la sesión. Este argumento, repetido por varios bloques, nace de la falacia de creer que aquella eliminación de las telefónicas del plexo normativo para las comunicaciones audiovisuales había sido una iniciativa del Gobierno. En realidad, fue una estrategia del oficialismo para conseguir los votos del centroizquierda pero que, en concreto, dilató la posibilidad de regular lo más valioso que tienen las telefónicas: el acceso a sus redes. La no regulación de las telcos en 2009 fue un éxito para las grandes corporaciones.

“El Estado deberá garantizar el acceso a estas tecnologías (telefonía fija, móvil, Internet y audiovisuales) como un servicio universal, es decir, sin importar la ubicación geográfica o la situación social, con calidad y precios justos”, aseveró Liliana Fellner, presidenta de la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión. El proyecto declara como servicio público las comunicaciones TIC entre operadores. Si bien se les permitirá a Telecom y Telefónica ofrecer servicios de comunicaciones audiovisuales y al Grupo Clarín servicios TICs, también las obligará a que abran sus redes para que otros jugadores, como los pequeños operadores distribuidos en todo el país, puedan competir en igualdad de condiciones. En este punto radica la principal objeción de las grandes empresas.

“Con este proyecto tendrán más para festejar las corporaciones que las pymes. Celebramos las modificaciones realizadas, pero tenemos la idea de que se concentrará más el mercado. Las grandes irán por sus redes de fibra óptica y las pymes y cooperativas por sus cablecitos de cobre”, insistió Eugenio Artaza. Durante el debate parlamentario, el radical se había mostrado satisfecho con el diálogo alcanzado entre los funcionarios del Poder Ejecutivo, el oficialismo y la oposición. Artaza fue el encargado de anunciar que su bloque no acompañaría, a pesar de que él mismo recomendó hacia el interior de su bloque votar en general. “El federalismo es lo que puede ponerles límites a los monopolios. Lamentablemente, esta ley avanza sobre facultades delegadas”, lanzó Liliana Negre de Alonso, quien destacó las bondades de las leyes tecnológicas de la provincia de San Luis.

Otra de las modificaciones al texto original estuvo vinculada con otorgarles a las pymes y cooperativas de telecomunicaciones una mayor protección. Luego de la revisión del dictamen de la semana pasada, las pequeñas compañías TICs aparecen mencionadas taxativamente como actores clave para el desarrollo de las economías regionales. A su vez, se mejoró la definición de “poder significativo de mercado” para evitar los abusos de posición dominante. Otro eje está vinculado con el cruce de los servicios audiovisuales y las TICS. La norma habilita a empresas como Cablevisión a ofrecer servicios TICS y a compañías como Telefónica a brindar contenidos audiovisuales. En este sentido, el Poder Ejecutivo fijó nuevas pautas para evitar un posible abuso de posición dominante en uno u otro mercado. Las empresas TICS y de SCA deberán conformar unidades de negocio separadas, llevar contabilidad diferenciada y facturar por separado las prestaciones correspondientes, no incurrir en prácticas anticompetitivas tales como las ventas atadas y los subsidios cruzados con fondos provenientes de las distintas unidades de negocio, facilitar el acceso a su propia infraestructura de soporte, en especial postes, mástiles y ductos, en condiciones de mercado, y respetar las incumbencias y encuadramientos profesionales de los trabajadores en las distintas actividades que se presten.