El Boletín Oficial publica hoy la resolución conjunta 6 -E/2016, que lleva las firmas de la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el Ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad. Está fechada el 26 de octubre e instruye al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) a crear en quince días el Registro de Identidad de Usuarios del Servicio de Comunicaciones Móviles. Es decir, un registro de titulares de líneas de telefonía móvil.

Repite lo que dispone la ley 25.891 de 2004, conocida como Ley Blumberg, que limita la venta de chips para líneas móviles a centros autorizados y define la creación de un registro público nacional de usuarios, pero que nunca se puso en práctica.

El motivo, según la resolución, es de seguridad: asegura que la base de datos cruzada de celulares reportados como robados que comenzó a funcionar este año es útil, pero insuficiente para combatir el "delito complejo y el crimen organizado" donde "se advierte en los últimos años que, en forma creciente la delincuencia en general, y en especial las bandas delictivas, utilizan teléfonos móviles."

Hoy la contratación de una línea móvil corre por dos vías: si el usuario la compra en una tienda oficial y es un abono pospago (es decir, en donde se paga según consumo) el dueño queda identificado; en el caso de las líneas prepagas (con tarjeta) es posible comprar un chip en un kiosco en forma anónima, y cargarle crédito de la misma manera; hacia este último grupo se dirige la resolución de los dos ministerios.

Este Registro no es inédito: en Europa y América latina, por ejemplo, son varios los países que crearon una base de datos semejante en la última década, y que exigen que el usuario se identifique la momento de adquirir una línea de telefonía móvil prepaga. Mientras, en México se implementó en 2009 y se dio de baja tres años después; un estudio encontró que no contribuyó a evitar que se usaran los celulares para secuestros, terrorismo, extorsiones, etcétera.

La resolución firmada por Aguad y Bullrich instruye a las operadoras nacionales a "desarrollar, operar y administrar a su costo los sistemas a implementar" para nominar las líneas, es decir, determinar quién es el dueño de cada una de los más de 60 millones de líneas móviles que hay en la Argentina. Y define la creación de una comisión con seis integrantes (tres de cada ministerio) para seguir la implementación de esta resolución; la información de esa base de datos deberá ser perdurable (los datos de propiedad de la línea no caducan) y estar disponible para la Justicia.

Entre los expertos locales, una de las preocupaciones está en quién hará la salvaguarda de esa información, muy sensible (que por ahora quedaría en manos de las respectivas operadoras) y cómo se controlará que las empresas no usen esa información para otros fines, como la venta de publicidad.