ENTREVISTAS // Salud

“Intersectorialidad, participación activa de los usuarios y reforma en el sistema de justicia”, claves para la formación de políticas públicas en salud mental

- ¿Considera que ha existido una evolución positiva en cuanto a la visión de la salud mental desde la perspectiva de los derechos humanos?

Necesariamente tener una ley hoy es un avance y hay que reconocerlo.  Pero el proceso de implementación y reglamentación se dio con más barreras de las que imaginábamos. Muchos miedos, muchos intereses contrapuestos en los diferentes actores que intervienen en la problemática.  Pese a esto, tenemos una ley vigente, con un trabajo en ciencia que se está haciendo y una Dirección Nacional que ha dado pasos hacia delante. Pero los desafíos son muchos y tenemos que estar atentos para no tener retrocesos.

- Desde la implementación de la ley y tomando en cuenta los avances que mencionaba ¿podría  mencionar  un ejemplo concreto de políticas pública esgrimida en esa línea?

En el ámbito de la Defensoría General de la Nación; un avance importantísimo es que se crea, dentro de su órbita, una Unidad de Letrados, abogados defensores que se dedican exclusivamente al control de las internaciones involuntarias. Entonces, que la Defensoría pueda meterse dentro de los hospitales para ver en qué condiciones se encuentran los pacientes, es un avance abismal.

También en el ámbito de la Dirección de la Salud Mental  hay un mayor esfuerzo de intervención, pero ahí no puedo opinar demasiado porque es difícil acceder a la información que maneja la Dirección. Para hablar de políticas públicas se tiene que hacer desde lo macro.

-  En materia de políticas públicas ¿qué acciones podría llevar adelante el Estado para avanzar en el camino de concebir la salud mental como derecho humano?

No me atrevo a especificar qué política pública en concreto debería llevarse adelante. Pero si nombrar  tres  características fundamentales que debería contemplarse en el proceso de formación de políticas públicas. Una es la intersectorialidad y tener en cuenta a todos los actores involucrados; otra es la participación activa de los usuarios de salud mental de esas políticas públicas y la otra tiene que ver con una reforma intensa en el sistema de Justicia.  Y las dos primeras son parte del proceso y no parte de la política pública en sí. Sólo con esas características se está en condiciones de sentarse a discutir la política pública. Todo tendiente a la transferencia de recursos a la comunidad.

 - ¿Qué acciones se pueden llevar a cabo, desde la Universidad, para aportar a este  proceso? 

El CELS no trabaja en articulación directa con la Universidad. Pero en mi opinión y tomando como ejemplo lo que pasa en la Facultad de Derecho en donde, más allá de lo académico que debería enfrentar una reforma en materia penal, etc., existe un fuerte trabajo de extensión con la comunidad. Entonces se me ocurre que el trabajo de extensión puede ir abocado a la articulación ministerial, a la gestión, a la charla con autoridades públicas, a generar documentos de aportes o recomendaciones; y esa sería una forma proactiva de influir y no sólo de denunciar.